A BOTAPRONTO POLÍTICO

GUSTAVO SANTOS ZÚÑIGA. ……………………….

Constitución Cartel de Macuspana. Las acusaciones de politización del poder judicial en México no son infundadas. Diversos ejemplos evidencian esta preocupante realidad, el acecho de los integrantes de morena para   utilizarla   como   escudo   en   favor     de   la   impunidad     y   el   crimen   organizado,   los atropellos   y   fraudes   en   la   tómbola   para   colocar   a   “insaculados”   en   las   filas   de magistrados, jueces,  etc.,  a  modo  y  el  desconocimiento  de  la  Ley  y   abuso   de   poder representan   un   grave   peligro   para   la   democracia   mexicana   y   facilitará   el   tráfico   de influencias a delincuentes políticos, promoverá la venta de protección e incluso, fomentara la detención ilegal de ciudadanos o la persecución y cacería de brujas.

El resentimiento e injerencia de los cuatrotreros y desde palacio nacional, así como de diversos   actores   políticos   en   las   decisiones judiciales,   despedazan   a   la   Constitución Mexicana, representando un grave peligro para el Estado de Derecho y la garantía de los derechos  humanos.  

Sume  usted   querido lector   que, a  pesar   de   los   múltiples  errores económicos, políticos y sociales cometidos por la administración anterior, hoy el poder judicial   enfrenta   una   de   sus   mayores   crisis   en   la   historia.  

El   desaseado   proceso   de elección   evidencio   la   urgencia   del   gobierno   y   sus   aliados   para   nombrar a  servidores públicos afines,   sin   experiencia o sin la formación necesaria y  suficiente   para impartir justicia de manera imparcial. Muchos participantes contaban con el perfil con base en méritos y trayectoria, sin embargo, ahora, el destino de la justicia en México queda en manos del azar.

En   un   análisis   realizado   dentro   de   algunos   organismos   cúpula   empresariales, los empresarios   mexicanos   afirman   que,   “un   Poder   Judicial   politizado   ahuyenta   a   las inversiones   en   México”,   amén   de   que   es   crucial   se   reconozca   que   los   procesos   de selección y designación de jueces y magistrados podría afectar el principio de acceso a la justicia y compromete la honestidad y legalidad jurídica.

Abone al conflicto la falta de madurez política de la presidenta con “A” al no invitar a la presidenta y ministra de la Suprema Corte de la Nación Norma Piña; por venganza, debido a que públicamente; de manera honesta y valiente, ha expresado su férrea defensa a la separación de poderes, los derechos humanos y de respeto a los preceptos de la Carta Magna.

Las consecuencias del atentado contra nuestra independencia orquestado por el régimen de la 4T, evidencian pues a un gobierno autoritario que pretende la institucionalización servil de un poder judicial   cooptado  con   riesgo   de   efectos   políticos   y   jurídicos  que deterioran   gravemente  la   democracia   mexicana, a  partir   de   las  prácticas   liberales dictadoras que   han   caracterizado   a   la   presente   administración.  

Hasta cuando los mexicanos de bien saldremos a defender nuestro estado constitucional, basado en una división de poderes efectiva que garantice la autonomía del poder judicial. Como ya se ha dicho, los jueces y magistrados no deben, bajo ninguna circunstancia, depender de los vaivenes de la opinión pública.

Las decisiones judiciales deben basarse en la autonomía institucional, Ley,   en   los   principios   del   derecho   y   en   la   interpretación   justa   de   la Constitución.