A BOTAPRONTO POLÍTICO

GUSTAVO SANTOS ZÚÑIGA. ………………………………….

Con dinero y al azar la nueva justicia. Lo que se esperaba, con carretadas de dinero público tirado a la basura, la coacción del voto, el acarreo, servidores públicos obligados a emitir su voto a favor de los elegidos de palacio y cientos de observadores del crimen organizado cuidando su inversión,

la fraudulenta elección del poder judicial mexicano realizado ayer domingo, no solo marca un severo atentado contra la soberanía y los derechos humanos de millones de mexicanos, también significa un claro contubernio entre autoridades e interés poco claros

para fortalecer la impunidad, el cáncer de México. Este proceso con bajísima afluencia de ciudadanos de bien debe impugnarse ante las evidentes denuncias presentadas en el INE, amén de que, el fraude un delito enormemente controvertido. El fraude se presenta

como un lobo cubierto de oveja, es decir, bajo una apariencia de legalidad, para obtener ventajas ante la imposibilidad de la sociedad lacerada. La delincuencia en nuestro país está caracterizada por la proliferación de este tipo de delitos, que evidentemente para el delincuente refinado y preparado, la justicia será un trampolín, sin riesgos aparentes, por ser menos peligrosos y más fructíferos que otras formas de mayor brutalidad o violencia para obtener recursos de dudosa procedencia.

En un contexto donde la reforma judicial busca transformar el Poder Judicial, las elecciones judiciales que se llevaron ayer se posicionan como un proceso sin precedentes. Estos comicios judiciales se ensuciaron, al poner candidatos a modo, mediante voto popular

dirigido, mecanismo kafkiano que prometía el cambió con o sin participación ciudadana y un control total del poder en México. No obstante, Un proceso electoral que habría representado una oportunidad para renovar el sistema judicial. También está siendo marcado

por múltiples impugnaciones y denuncias de injerencia. Diversos actores políticos, desde Morena hasta PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, han manifestado preocupación ante presuntas irregularidades, lo que puso en riesgo la transparencia electoral y la legitimidad del proceso.

Esta elección sin precedentes despertó miles de críticas por parte de expertos nacionales e internacionales y organizaciones civiles que advierten que amenaza la independencia judicial, no resuelve el problema de la corrupción, abre la puerta a la impunidad,

al crimen organizado y provocará un drástico cambio en el mapa institucional del país. En contraste, los críticos afirman que esta medida no terminará con la corrupción y que, en cambio, podría dar pie a que actores políticos, grupos económicos, organizaciones

delictivas busquen influir en el Poder Judicial mediante el apoyo a candidatos.

El gobierno de la 4T busca evadir su responsabilidad y con esta elección pretende una salida para “combatir esa corrupción” dejando en la sociedad esta responsabilidad través del voto, que no tiene una relación necesariamente lógica para combatirla, es decir,

un supuesto en donde la corrupción se combate a través de las vías electorales en lugar de otros mecanismos de investigación.