A BOTA PRONTO POLITICO

GUSTAVO SANTOS ZUÑIGA. ………………………..

LOS EXPEDIENTES SECRETOS. Estados Unidos tiene plenamente identificados a por lo menos 25 integrantes del Partido Político MORENA, de los cuales a cinco ya acuso formalmente por delitos de Narcotráfico y otros relacionados con lavado de dinero, huachicol o tener vínculos con el crimen organizado, acusaciones todas formales y que forman parte de expedientes secretos y, por cortesía de los gringos, dados a conocer extraoficialmente a la encargada de las llaves de Palacio Nacional.

Como todos los mexicanos sabemos, el 29 de abril de abril, el Departamento de Justicia solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador morenista con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, por presuntos vínculos con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

México pidió las pruebas por la vía diplomática y, hasta ahora, solo sabemos de la protección que evidentemente el gobierno mexicano brinda a los delincuentes.

La ofensiva del gobierno de Estados Unidos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación ya no se concentra únicamente contra sus líderes. El 5 de agosto, su Departamento de Justicia hizo públicas acusaciones penales contra cinco presuntos jefes del cártel, junto con recompensas por más de 100 millones de dólares.

Días antes, su Departamento del Tesoro sancionó a 55 personas y empresas ligadas al CJNG, incluido Juan Carlos Valencia, el Pelón, actual líder de la organización. Ahora la DEA anuncia haber identificado a funcionarios mexicanos que brindan protección al cártel. Es una acusación grave que, seguramente, exigirá más "pruebas" por parte de la administración pública morenista que, el vox populi, define como narco gobierno.

Además de Rocha Moya, los "expedientes secretos" integrados por Estados Unidos con pruebas contundentes tiene en la mira, como ya se ha difundido, a Enrique Inzunza Cázarez, Juan de Duis Gómez Mendívil, Víctor Manuel Baez Ceja, Omar Núñez López, a los gobernadores Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Marina del Pilar, el ex Gobernado Cuauhtémoc Blanco, al hijo del ex presidente José Ramón López Beltrán y al Gobernado de Tabasco Javier May. Recientemente escuchamos sobre la orden de aprensión para Adán Augusto López.

De igual manera, el gobierno mexicano ha recibido notas respectos a otros diez personajes importantes de la administración morenista vinculados por la corte americana.

Debo recordar que en su momento EU congeló bienes de 80 funcionarios mexicanos; lista secreta puso en jaque a 44 políticos activos, los cuales tienen al borde del colapso al gobierno mexicano, pues Estados Unidos mantiene un radar encendido sobre la política mexicana y ya hay cifras contundentes: ex gobernadores y gobernadores en funciones, jueces, alcaldes y mandos policiacos están incluidos en sanciones oficiales que van desde el bloqueo de cuentas hasta la cancelación de visas.

La Tesorería los exhibe en la Ley Kingpin y la Casa Blanca los multiplica mediante la Orden Magnitsky y la sección 7031(c): tres resortes legales que operan sin necesidad de que un juez mexicano dicte sentencia y que, en cuanto aparece un nombre en el portal de la OFAC, congelan inmuebles, cuentas bancarias y cualquier transacción en dólares. Que tal, mientras en México con la Ley mordaza pretenden ocultar la situación.