A BOTA PRONTO POLITICO

GUSTAVO SANTOS ZUÑIGA. …………………………..

DELITOS ESTATALES Y FEDERALES IMPUNES. La reciente ola de crímenes estatales y federales, así como los cientos de denuncias de ciudadanos de bien contra el crimen organizado, la delincuencia urbana, el cobro de derecho de piso, el huachicol fiscal, la venta de droga, el tráfico de influencias, entre otros muchos, quedan impunes debido principalmente a la oficialización de la corrupción en México, un asunto que impacta fuertemente en la sociedad mexicana al considerar que, de cada 1,000 delitos cometidos en nuestro país durante el año pasado, 932 no fueron denunciados ni investigados por las autoridades, incluyendo los homicidios, los cuales deberían ser considerados del fuero común, pero suelen quedar en el olvido por la relación que el gobierno marcan con el tema de delitos federales.

Este dato, conocido como la cifra negra, creció con respecto a los últimos dos años y es peor que al inicio del sexenio de López Obrador. De 33.5 millones de delitos, 33.1 millones quedaron en la impunidad, el 98.8%. Hubo incrementos notables de impunidad en la violación y el secuestro.

De acuerdo a las cifras entregadas por Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, en términos prácticos, de cada 100 hechos delictivos estimados en el país en 2025, solo siete avanzaron hasta convertirse en una carpeta de investigación (6.8%), mientras que el resto se perdió en un espacio sin registro oficial.

Esto implica que, aunque el volumen total de delitos varía entre 27 y 33 millones en los años observados —un orden de 75 a 90 mil hechos por día— la proporción que se convierte en investigación formal se mantiene casi inalterada: sólo entre 6.7% y 7.6% del total se convierte en carpeta de investigación.

En otras palabras, cerca de uno de cada 13 cruza la puerta del ministerio público; los otros 12 son cifra negra, hechos que nunca ingresan al registro oficial y quedan impunes.

Al día de hoy, la delincuencia organizada no se conforma con asesinar, amenazar y obligar a empresarios, políticos y periodistas a renunciar a su libertad de trabajar, fomentar el desarrollo de nuestro país, con la Ley en la mano y la libre expresión, sino que la violencia sigue presente con homicidios de alcaldes, empresarios, trabajadores de campo, ex presidentes municipales, regidores, síndicos, diputados y funcionarios con alto mando en corporaciones policiales o de las fuerzas armadas.

El tema también evidencia la descomposición de la política con la detención de alcaldes, ex gobernadores o empresarios sin el debido proceso o pruebas que demuestren su culpabilidad.

De acuerdo al informe, la percepción de los ciudadanos de que es muy alta la corrupción de los agentes del Ministerio Público y de las policías, que con frecuencia extorsionan a las personas.

Las estadísticas muestran que la gente percibe una continuidad de abusos que inicia desde el primer contacto con las autoridades y se mantiene durante la fase de investigación del delito.

Esta experiencia acumulada de corrupción institucional debilita no sólo la confianza en las autoridades, sino también el propio incentivo para denunciar delitos, pues el sistema es visto no como un medio de acceso a la justicia, sino como una fuente de injusticia oficializada.