6 mil hectáreas de selva deforestada por la construcción del Tren Maya

La herramienta permite constatar que han continuado las obras a pesar de la suspensión definitiva, otorgada por el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán, que instruye a Fonatur no realizar actos de tala o desmonte en los tramos 3, 4, 5 Norte y 6.

Las obras y construcción del “Tren Maya” ocupan una superficie de 10 mil 831 hectáreas, de las que 61% (6,659 ha) corresponden a selvas que ahora han sido deforestadas. El 87% del desmonte de la vegetación natural realizado para las obras del denominado “Tren Maya” carece de autorizaciones de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF), de acuerdo con lo que muestra el Análisis de la deforestación y gestión forestal (junio 2023), herramienta cartográfica elaborada por la organización de la sociedad civil CartoCrítica y presentada este día en conferencia de prensa.

La construcción del “Tren Maya”, proyecto emblemático del gobierno actual, ha sido, cuando menos, polémica por sus distintas implicaciones en la cobertura forestal, en la biodiversidad, en el acuífero y la red de cuevas y cenotes, como modelo económico y de desarrollo y ante el modo de vida tradicional de los pueblos originarios.

Con el objetivo de contribuir a un análisis informado sobre la gestión forestal del “Tren Maya” y promover una vigilancia territorial de las operaciones del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y sus constructores, CartoCrítica llevó a cabo el análisis sobre la cobertura forestal en torno al trazo del Tren, el cual puede consultarse en https://trenmaya.cartocritica.org.mx/.

De acuerdo con los datos que proporciona el mapa, los tramos donde ha ocurrido más desmonte sin autorización son el Tramo 4 (Izamal - Cancún) con 1,316 ha, el tramo 6 (Tulum - Chetumal) con 1,308 ha y el tramo 5 (Cancún - Tulum) con 851 ha.

Manuel Llano, Director de CartoCrítica, precisó que “solo durante el mes de junio, se deforestaron 104 hectáreas como resultado de las obras de Fonatur - Tren Maya, de las cuáles sólo 1 hectárea contaba con autorización de CUSTF.

Al mismo tiempo, podemos ver cómo los tramos 6 y 7, con 2 mil 89 hectáreas deforestadas, no cuentan con un solo permiso de CUSTF. Con herramientas como ésta es posible vigilar puntualmente estas irregularidades. Por ello, conminamos a las autoridades federales y judiciales que tienen a su cargo el cuidado de los bosques y selvas de México a que ejerzan sus atribuciones de sanción y vigilancia, ya cuentan con esta plataforma para facilitar su trabajo.”

Viridiana Maldonado, Directora Regional de la oficina Centro, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), señaló que “la herramienta elaborada por CartoCrítica es de gran relevancia pues permite constatar que las actividades de desmonte continúan realizándose a pesar de existir una suspensión definitiva, otorgada por el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán el 19 de mayo de 2023, en la que instruye a Fonatur suspender o paralizar cualquier acto de tala o desmonte en los terrenos que comprenden los tramos 3, 4, 5 Norte y 6, de modo que no se permita la remoción de la vegetación forestal en las áreas que se encuentren fuera de las autorizaciones de CUSTF.” Para este efecto -señaló- “desde esta plataforma es posible identificar, que para el mes de junio de 2023, se han desmontado al menos 67 hectáreas de cobertura forestal que no están contempladas en las autorizaciones de CUSTF, dentro de los tramos mencionados, y en los que Fonatur y sus constructores han continuado el desmonte de manera ilegal y en flagrante violación a la suspensión otorgada por el Juzgado Federal”.

Por su parte, Sergio Madrid, Director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), señaló que “el “Tren Maya” potenciará proyectos energéticos, turísticos, inmobiliarios y agroindustriales que han sido responsables de la deforestación de entre 40 mil y 90 mil hectáreas de selva por año en la Península de Yucatán.”

Desde la sociedad civil, reiteramos nuestro llamado al Poder Judicial a mantener, ampliar y ejecutar la suspensión definitiva, pues sólo de esta forma se garantizará el respeto de los derechos humanos ambientales de las personas quejosas. Asimismo, solicitamos que la autoridad judicial garantice el acceso a la justicia y genere condiciones que permitan a los pueblos, comunidades y organizaciones quejosas obtener una sentencia realmente reparadora de las violaciones que se derivan de este proyecto.