Ampliar la protección de periodistas y defensores de derechos humanos

Se debe de ampliar la protección de periodistas y defensores de derechos humanos en la capital del país; así como establecer la obligación del Sistema Integral de brindar asesoría y apoyo jurídico profesional a instituciones, organismos y dependencias de gobierno.

El diputado Mauricio Tabe Echartea, del PAN, propuso reformar la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. La finalidad de esta iniciativa es reorganizar el mecanismo de protección de derechos humanos integrando a la ciudadanía.

“Se elimina la excesiva carga gubernamental para que la protección no sea una concesión del gobierno, que esté fuera de intereses de funcionarios y sea una esfera de protección para este sector de la población”, argumentó.

Indicó que se propone elevar el perfil y la participación de la Comisión de Derechos Humanos local en la Junta de Gobierno, reducir la participación de los órganos de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia, y que sea el Congreso local, a propuesta de la Junta de Gobierno, quien designe al Director General del Mecanismo de Protección.

“Adicionamos un apartado a la ley para incorporar el mecanismo denominado Sistema Especializado para Periodistas, como una especie de subsistema del mecanismo que reconoce la actividad periodística como de interés público y una obligación del Estado de promover su pleno ejercicio”, señaló.

Esta iniciativa fue turnado a las comisiones unidas de Protección a Periodistas; y de Derechos Humanos para su análisis y dictamen.

También el congresista de MORENA, Eleazar Rubio Aldarán, propuso adicionar una fracción al artículo 15 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a fin de establecer la obligación del Sistema Integral de brindar asesoría y apoyo jurídico profesional a las instituciones, organismos y dependencias para el desarrollo de políticas y programas en materia de derechos humanos.

“Existen casos en donde las autoridades por falta de conocimiento u omisión de la garantía de derechos llegan a cometer faltas contra la ciudadanía. Esto lo podemos ver reflejado en las grandes cantidades de quejas que interponen los ciudadanos.

Por ello proponemos que entre las facultades del Comité se priorice la capacitación, asesoría y apoyo jurídico profesional para que este tipo de descuidos no se sigan cometiendo”, señaló el legislador al presentar su iniciativa.

Serán las comisiones unidas de Derechos Humanos; y de Estudios y Prácticas Parlamentarias, las encargadas de su análisis y dictamen.