Fortalecer los juzgados de Tutela derechos humanos

El Congreso de la Ciudad de México analiza la creación de la Ley procesal constitucional de la acción para la protección efectiva de derechos en la capital del país, con el fin de garantizar los derechos humanos de la población, a través del funcionamiento de los Juzgados de Tutela.

La propuesta, hecha por los diputados del PAN, Diego Garrido López y Christian Von Roehrich de la Isla, determina la organización de los Juzgados de Tutela, su competencia y el procedimiento para ejercitar la acción de protección efectiva de derechos, los sujetos legitimados.

Así como los supuestos de procedencia de la acción, las sentencias que deberán emitirse en un plazo no mayor de 10 días naturales y serán de inmediato cumplimiento para las autoridades de la Ciudad de México.

“Así estamos dotando también de dientes a estos Juzgados de Tutela en todo su proceder”, explicó el diputado Diego Garrido.

En la sesión virtual del Pleno, el diputado Diego Garrido presentó la iniciativa y recordó que para la Constitución local resultó trascendental establecer mecanismos de regulación en materia constitucional, para hacer efectivos y justiciables el conjunto de derechos que ésta establece; y que así se definió la existencia de Juzgados de Tutela de derechos humanos, como un recurso efectivo, sencillo y rápido para garantizar su ejercicio y protección.

“Actualmente en nuestra ciudad ha cobrado fuerza y relevancia la configuración del derecho procesal constitucional local, el cual comprende el estudio de los distintos instrumentos a proteger, ya no a la Constitución federal sino a las constituciones de las entidades federativas y la salvaguarda de los derechos humanos en ellas consagradas”, agregó.

El legislador destacó que ya están funcionando dos de estos Juzgados de Tutela, pero sin una Ley Procesal adecuada para resolver los juicios que se ponen a su consideración.

Por su parte, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, del grupo parlamentario de MORENA, propuso una iniciativa con proyecto de decreto para la expedición del Código Procesal de Control Constitucional para la Ciudad de México.

Esta iniciativa busca atender lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución local y ofrecer la parte procedimental, para permitir su reglamentación, con los medios de control constitucional que el constituyente dispuso, y abrogar la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, Reglamentaria del Artículo 36 de la Constitución local.