Abstengan desaparecer el Fondo de Ayuda, Asistencia reparación a cargo CEAV

Desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral repercutiría en los derechos y condiciones de vida adecuadas de todas las víctimas y particularmente de las familias de personas desaparecidas.

La discusión emprendida en el Congreso de la Unión la semana pasada sobre la propuesta de reformar la Ley General de Víctimas, lo que acarrearía la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), nos hace recordar que el Estado mexicano tiene la obligación irrenunciable de hacer todo a su alcance para garantizar el pleno ejercicio y respeto de los derechos de todas las víctimas de los diferentes delitos y violaciones a derechos humanos.

El Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos (MNDM) hace un llamado urgente a que el Congreso de la Unión se abstenga de desaparecer el Fondo mencionado, evitando en todo momento violentar el principio de progresividad establecido en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de derechos de todas las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos en el país.

Hacemos énfasis en señalar que sus decisiones sobre este asunto, como legisladoras y legisladores, repercutirán directamente en los derechos y condiciones de vida adecuadas de todas las víctimas y particularmente de las familias de personas desaparecidas.

Es inaceptable que en un país donde existen más de 74 mil personas desaparecidas, según datos oficiales, el Estado mexicano intente dejar en desamparo, y sin certezas firmes sobre recursos para su debida atención, a miles de víctimas ante el flagelo de la violencia y las desapariciones que recorre todo el territorio mexicano.

Las familias en todo momento llevamos a cabo labores de búsqueda, participamos activamente con propuestas de política pública acordes a la realidad nacional, y trabajamos arduamente para acceder a la verdad y a la justicia.

Debemos recordar que producto de estos esfuerzos colectivos, realizados por tantos años, se han logrado conquistar derechos hoy establecidos en la Ley, como los relacionados con contar con medios suficientes para seguir buscando a nuestros y nuestras familiares desaparecidas.

La situación compleja que enfrentan las familias de personas desaparecidas, ahora agravada por la pandemia por COVID19, no es por elección, es producto del abandono y el incremento de la violencia, descuido de los anteriores gobiernos. Pedimos al gobierno en turno a no repetir tales acciones y errores que violentan nuestros derechos.

Nos parece justo que estos recursos se vean incrementados, y estén disponibles, accesibles y debidamente etiquetados en el presupuesto público, para que familiares de personas víctimas continuemos realizando tales trabajos, recibiendo los debidos apoyos que son nuestro derecho, y seguir en el camino de enfrentar y erradicar la crisis de derechos humanos que todavía experimentamos en México.

Como lo hemos dicho, hoy reiteramos que es fundamental no tocar y fortalecer el Fondo ni el presupuesto asignado a la CEAV, siendo conscientes que es igualmente importante la efectiva transparencia y supervisión en las instituciones encargadas de la gestión de dichos fondos públicos destinados para todas las víctimas, con lo cual queremos enfatizar que es obligación del Estado garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, y nuestro derecho a una buena gestión de estos recursos.

No omitimos reconocer los avances y acciones que se han tenido actualmente para enfrentar las desapariciones de personas, sin embargo, resulta contradictorio la propuesta de desaparecer el Fondo en mención. Por ello, apelamos al Congreso de la Unión a recoger debidamente nuestra exigencia y le invitamos a reconsiderar la intención de eliminar los Fideicomisos en materia de Derechos Humanos, por el contrario, debemos trabajar en fortalecer con recursos y mecanismos adecuados de rendición de cuentas, tales figuras jurídicas y administrativas contempladas en la Ley, todo en beneficio de todas las víctimas.

Estaremos atentas y atentos a sus decisiones, y bajo el principio de participación efectiva de las víctimas, familias y colectivos en los asuntos que les involucran, como lo establece el marco legal, estamos abiertas y abiertos a expresar y ampliar directamente con las y los legisladores nuestros puntos de vista sobre este asunto.