Demandan reinstalar a policías separados injustamente de cargo

Con el objetivo de dignificar la labor de los encargados de brindar seguridad a las y los mexicanos, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para sentar las bases de una nueva relación entre el Estado mexicano y nuestros policías.

Propone eliminar la última parte del párrafo segundo de la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 Constitucional, con el objeto de retirar de la Carta Magna la norma discriminatoria que impide a los policías que hayan sido injustamente separados de su cargo ser reinstalados cuando exista una resolución jurisdiccional en su favor.

Adicionalmente, solicitó que en caso de que la autoridad jurisdiccional competente determina que la forma de terminación del servicio fue injustificada, se le deberá pagar la indemnización y las prestaciones a que tenga derecho el afectado, lo cual se hará de forma retroactiva; además, se le reincorporará al servicio.

La reincorporación, aclaró, será aplicable también a agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de instituciones policiales de la Federación, las autoridades federativas y los municipios.

La promovente señaló que estos servidores públicos, a pesar del riesgo al que se exponen por el ejercicio de sus funciones, se encuentran en una situación de precariedad profesional al constituir la única excepción constitucional al derecho a la reinstalación en el caso de que les sea favorable una resolución jurisdiccional por separación injustificada.

Esta excepción, denunció, es única en América Latina; “ningún otro país de nuestra región prevé en su texto constitucional una regla discriminatoria de esta naturaleza”, apunta.

Indicó que, si bien es cierto que la reforma que dio origen a esta discriminación tuvo como objeto evitar que “los malos policías” continuaran como integrantes de las instituciones de seguridad pública cuando hubiesen ganado juicios por cuestiones meramente formales o errores procedimentales de la autoridad disciplinaria, ministerial o jurisdiccional, lo cierto es que dicha reforma no se enfocó en las causas del problema, sino en los efectos del mismo. “Pagaron policías buenos por procedimientos malos” sentenció.

Cruz Blackledge aseguró que, enderezar este entuerto que tiene más de 20 años de vigencia, es la parte más visible de la deuda constitucional que tenemos las y los mexicanos para nuestros policías.

Apuntó que, aunque es cierto que la confianza de la ciudadanía en sus policías es débil, esta situación sólo genera un círculo vicioso de desconfianza mutua que en nada fortalece ni la tranquilidad cotidiana de las familias ni la entrega de los policías mexicanos.

“Romper este círculo vicioso requiere de decisiones proactivas que transformen la situación en un sistema de reconocimiento, confianza y valoración mutua entre los políticos, los policías y los ciudadanos”, puntualizó la senadora.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.