kakistocrático y oclocrático ejecutivo federal mexicano

Las reformas a los artículos 108 y 111 a la Constitución para despojar jurídicamente del fuero constitucional al Presidente de la República, por delitos constitutivos por traición a la Patria, delitos electorales y de corrupción, y muchos otros asociados al crimen organizado, forman parte de una contundente y valiosa contribución parlamentaria consensada y ejecutada, que desde los oscuros espacios por las Mafias del Poder neoliberal, generará un inmediato freno a las oclocráticas ambiciones del Ejecutivo federal.

Los barruntos legislativos contra el Ejecutivo obradorista, permitirán que junto con representantes populares de su propio grupo de Morena, establezcan en el futuro inmediato, Juicios Políticos contra Andrés Manuel López Obrador, a fin de que sea "menos aterrador" el último trienio del actual gobierno que se ha transfigurado en una 4T, representando uno de los más peores genocidas del siglo XXI en la pobre historia de México, a pesar que el tabasqueño presuma que “México tiene el mejor gobierno del mundo (…)”.

La votación por mayoría (420) a favor de la yucateca Dulce María Sauri Riancho, para presidir la Cámara de Diputados, lleva una dosis de salvación para la democracia del país, en contra de las seniles ocurrencias del kakistocrático Andrés Manuel López Obrador, quien tiene la consigna del Foro de Sao Paulo, para lograr, paralelamente, su reelección y “seguir construyendo” a México no solo en un país "socialista", sino en un régimen comunista, prohibiendo todas las libertades de los mexicanos e induciendo muertes con el cuento de la pandemia del Covid-19.

En contra de la voluntad el Ejecutivo para respetar la mayoritaria parlamentaria donde todavía sí se desarrollan actos democráticos, López Obrador ha establecido un sistema del “divide y vencerás”, ocasionará, en consecuencia, movilizaciones explosivamente sociales que reactivará la predominante inseguridad y marcará a México seguir viviendo en la impune anarquía.

De tal suerte que el Jefe del Ejecutivo tendrá las manos atadas para promover cualquier demanda constitucional ante la máxima tribuna judicial federal de la Nación, y otra dosis de evitar que en el futuro inmediato pudiera “ordenar” la desaparición del Instituto Nacional Electoral por el del Instituto Electoral del Pueblo (a modo), para cumplir su sueño reeleccionista en el año 2024, sin escrúpulos morales pero con una potencial ración maquiavélica.