La defensa de los derechos humanos y de la naturaleza fortalece la democracia

En respuesta a las acusaciones realizadas por el presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, y por Jesús Ramírez Cuervas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, en contra de las personas defensoras indígenas y de las organizaciones sociales que suscribimos el presente comunicado, deseamos, en primer término, agradecer las múltiples muestras de solidaridad y apoyo que hemos recibido por parte de personas y organizaciones a nivel nacional e internacional.

Asimismo, deseamos responder lo siguiente:

El disenso es legítimo y deseable en una democracia, en un marco institucional y de respeto mutuo. Cualquier mexicano y mexicana que considere que un acto de autoridad viola sus derechos humanos, está en su derecho de ejercer una legítima defensa legal, ya sea de forma individual o colectiva.

Estos y otros derechos no sólo están consagrados en la Constitución federal sino que, además, son compromisos internacionales asumidos libre y soberanamente por México y frente a los cuales, esta administración tiene la obligación legal de cumplirlos y respetarlos.

Los megaproyectos han explotado y destruido los territorios de los pueblos indígenas, reduciendo su autonomía, sus ecosistemas y el goce y disfrute de sus derechos humanos.

Las personas y colectivos defensoras indígenas que se han opuesto a los megaproyectos han sido objeto de múltiples agresiones e intimidaciones que en algunos casos han llevado a su encarcelamiento y hasta su ejecución, como se ha documentado ampliamente.

El Tren Maya es un megaproyecto que representa graves riesgos e impactos ambientales, sociales económicos y patrimoniales, como ha sido advertido por comunidades, académicos, organizaciones e incluso por instancias del mismo gobierno federal. Asimismo, no fue decidido por el pueblo maya, ni por otro pueblo indígena mexicano, sino que se realizó una consulta sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos[3]; el mismo nombre busca apropiarse de la denominación cultural indígena del pueblo maya, con el propósito de hacerlo más amigable. Frente a estas violaciones de derechos humanos, han sido varias comunidades indígenas quienes, en ejercicio de su derecho a defender su territorio, han decidido impugnar, con el acompañamiento de las organizaciones civiles, este proyecto.

Ante el libre ejercicio del derecho al acceso a la justicia, el gobierno federal ha iniciado una campaña de deslegitimación del trabajo de las organizaciones civiles, a través de agresiones a organizaciones defensoras e indígenas, y, de manera reciente, a través de una campaña mediática que pretende hacer ver la cooperación internacional como ilegal.

La Fiscalía General de la República y otras instituciones han recibido el pasado 17 de agosto una denuncia en contra de organizaciones que se han manifestado críticamente ante el proyecto Tren Maya[4].

Atacar la labor de las organizaciones de derechos humanos, no solo implica una grave violación al universal derecho a defender los derechos humanos, sino también tiene como objetivo invisibilizar que son las y los integrantes de las propias comunidades quienes se oponen a un proyecto que impactará de manera irreparable su territorio y forma de vida.

Reiteramos que los amparos interpuestos en contra del proyecto Tren Maya por parte de personas indígenas de varias comunidades de la Península constituyen un camino dentro del marco institucional, para oponerse a un proyecto que viola los derechos humanos al territorio, un medio ambiente sano, al agua, al consentimiento libre, previo e informado, a la salud, a su vivienda, a su hábitat y a la vida.

Personas de diversos sectores sociales, particularmente personas defensoras indígenas y rurales, así como organizaciones de la sociedad civil, hemos enfrentado ataques, persecuciones, criminalizaciones, ejecuciones, agresiones, así como intentos de deslegitimación y estigmatización.

El CEMDA ha documentado más de 500 agresiones desde enero de 2012 hasta diciembre de 2019[5]. En este contexto, lamentamos que la administración gubernamental actual criminalice el trabajo de las personas defensoras indígenas y de las organizaciones de la sociedad civil.

Queremos enfatizar que nuestro trabajo en décadas ha sido en favor de los derechos humanos, el bienestar de las personas y comunidades, y de todos los seres vivos con los cuales coexistimos en este planeta, muchas de estas acciones relegadas o abandonadas por el Estado.

La cooperación internacional para el desarrollo es legal, así como los donativos de particulares, empresas y fundaciones nacionales e internacionales.

Es un derecho humano la solidaridad entre los pueblos y estos trascienden a sus gobiernos. En este sentido, el propio gobierno mexicano hace uso de la cooperación internacional y otorga recursos para la defensa de derechos humanos.

Los recursos económicos con los que trabajamos siempre han sido transparentes y tienen como propósito fortalecer las capacidades para la exigibilidad y defensa de los derechos humanos de las personas y colectivos.

Cumplimos en tiempo y forma con nuestras obligaciones fiscales, y somos frecuentemente auditados sobre el destino de estos recursos, ejercemos nuestros derechos y cumplimos nuestras obligaciones conforme al derecho mexicano.

Seguiremos alzando la voz cada vez que se cometen violaciones de derechos humanos, cada vez que una personas defensora sea agredida, cada vez que un ecosistema sea degradado.

Nuestro trabajo nos acredita: actualmente, trabajamos con comunidades campesinas e indígenas en temas como la regularización de la tenencia de la tierra, en la regulación de su vida interna, en la excarcelación de presos y presas indígenas, en capacitación de intérpretes traductores indígenas, en la capacitación en derechos humanos en general por la contaminación del agua por glifosato, la explotación minera y afectaciones de proyectos de energía, el fortalecimiento de capacidades locales para el control de los bienes comunes y del territorio, entre muchos otros.

Exigimos del Presidente de la República una disculpa pública por las agresiones directas dirigidas a las Organizaciones de la Sociedad Civil que hemos trabajado en defensa de los derechos humanos de todos y todas, emitidas por él en su conferencia de prensa.

De su gobierno y autoridades de todos los niveles de gobierno, exigimos el respeto a las garantías a los derechos humanos de las personas defensoras, especialmente de quienes defienden su autonomía y libre determinación, su territorio, su medio ambiente y sus bienes naturales.

En particular, solicitamos a la Fiscalía General de la República el estricto apego al Estado de Derecho y a los derechos humanos en las investigaciones que se hayan eventualmente comenzado en contra de las personas defensoras, sin que sean utilizadas como mecanismos de criminalización e intimidación.