Investigación caso Lozoya se garantiza estado de derecho

La investigación en torno al caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y en la que él mismo ha declarado estarían involucrados los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como José Antonio Meade, del PRI y quien fuera secretario de Estado en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto; y Ricardo Anaya, abanderado del PAN y expresidente de la Cámara de Diputados, en una red de corrupción a través de sobornos millonarios del conglomerado brasileño Odebrecht, demostrará que en México ahora sí existe el Estado de derecho.

La acusación revelada por Emilio Lozoya en un documento de 63 cuartillas es una denuncia muy grave que evidencia los grados de corrupción y opacidad de los gobiernos anteriores, y que se busca sea investigada y, de ser procedente, sancionada. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su momento, presentó una serie de denuncias ante el Ministerio Público contra los expresidentes que lo precedieron desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sin embargo fueron archivadas, muestra de la perversión de quienes gobernaban en aquel momento.

Contrario a los señalamientos en que la oposición no ha cejado sobre que el Presidente López Obrador utiliza dichas acusaciones como un instrumento de venganza y persecución política, no hay imputación más equivocada, pues nadie puede ser juzgado o señalado como culpable si no se le demuestra que cometió un delito.

En este sentido, el Grupo Parlamentario de MORENA acompaña la petición de nuestro presidente sobre que todas las mexicanas y los mexicanos tengamos acceso a la información vertida en la declaración del señor Lozoya.

Asimismo, enmarcamos la necesidad de conocer la cantidad a la que ascendería el desfalco a la Hacienda Pública, en particular a Pemex, de comprobarse la inculpación de Lozoya y, por consiguiente, buscar los mecanismos de reparación del daño.

A los opositores a la Cuarta Transformación les decimos: no se equivoquen, no se trata de un linchamiento político, sino de hacer justicia y actuar en consecuencia.

Será la Fiscalía General de la República quien recabe las pruebas y llame a declarar a los involucrados. De esta forma, se garantizará el apego a la ley con base en una investigación ceñida a la verdad.

Asimismo, acompañaremos la consulta ciudadana propuesta por el Presidente López Obrador para que la ciudadanía decida sobre si los exmandatarios deben ser juzgados, una vez que se tengan los resultados de las investigaciones.

La 4T no es verdugo de nadie. Abanderamos el precepto de que en una democracia el pueblo manda y el poder emana del pueblo.