Ya es ley: las sentencias judiciales serán públicas

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Transparencia que obliga a los poderes judiciales de todo el país a hacer públicas todas sus sentencias.

Con el antiguo ordenamiento, los poderes judiciales únicamente tenían la obligación de publicar las sentencias de “interés público”, caracterización con la que muchas veces se escudaban para no publicar sus fallos y resoluciones.

Esta decisión histórica contribuirá a disminuir la opacidad judicial y a impulsar un sistema de justicia más abierto y confiable.

Con anterioridad, el artículo 73 de esta Ley señalaba que los Poderes Judiciales debían dar a conocer únicamente las sentencias de “interés público”. La ambigüedad de este concepto ha permitido que los juzgados y tribunales publiquen pocas o ninguna de sus sentencias].

Esta opacidad judicial da pie a que se puedan dictar sentencias discriminatorias o sin perspectiva de género y derechos humanos, y limita la detección de posibles arbitrariedades.

Con ello, el acceso a la justicia, el acceso a la información y otros derechos como la libertad de expresión se ven limitados.

Por eso la publicación de todas sentencias es muy importante, pues facilitará la realización de ejercicios de auditoría ciudadana, la evaluación del trabajo de las y los juzgadores y funcionarios judiciales y la identificación de patrones que puedan dar indicios de actos de corrupción.

Así, esta reforma representa un gran paso hacia la transparencia judicial y contribuye a consolidar poderes judiciales más abiertos y confiables.

El colectivo #LoJustoEsQueSepas, que ha impulsado la causa de la transparencia judicial desde 2018, reconoce el avance en materia de transparencia y apertura de datos que implica esta reforma.

Ahora, los poderes judiciales tendrán la responsabilidad de cumplir con esta nueva obligación, mientras a los órganos garantes de transparencia les corresponderá monitorear su implementación.

Finalmente, creemos que esta reforma debe servir como impulso a una política de transparencia proactiva por parte de los poderes judiciales.

Es decir, deseamos que los siguientes pasos se encaminen hacia la generación de mecanismos que acerquen la justicia, en particular a grupos en situación de vulnerabilidad, mediante la difusión de información en formatos y soportes adecuados y pertinentes, de acuerdo con lo establecido por la propia Ley General de Transparencia.