Impunidad por encargo Maquiavélica impunidad

En lugar de ir para adelante en materia de justicia, existe sistemáticamente un aparente retroceso al incurrir en acciones de ilegalidad que rompen los eslabones constitucionales y los códigos de las leyes mexicanas con El Caso Lozoya.

Para la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A. C., destaca que un asunto jurídico importante es, hoy por hoy, el de Emilio Lozoya Austin, extraditado por España e impune hasta hoy por decisión expresa de la Fiscalía que lo imputa y emputa a todos los mexicanos, por la falta de entereza y congruencia para hacer justicia plena, absoluta, satisfactoria, brillante, pulcra, docta, no obstante que resultan evidentes y aberrantes las conductas deleznables cometidas por el ex director de Petróleos Mexicanos.

Bajo la interpretación anti jurídica sobre la existencia de una modalidad que llaman “impunidad por encargo” –así como lo existe con los “jueces de consigna”-, precisa que en este caso y/o causa (penal), lleva más el tinte de producir impunidad y no justicia y al parecer solo va a resplandecer esa vieja y enigmática madame a la que de manera absurda le pretenden llamar “justicia”.

El prestigiado abogado penalista Alberto Woolrich, en el contexto filosófico romano, advierte que “los dioses de nuestros antepasados, se avergonzarían de este hecho, que ha permitido con evidente violación constitucional, no decretar la privativa de libertad a la delincuencia del poder político representada por Lozoya”.

El también presidente de la citada Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, acusa que “un Fiscal senil y cansado, el señor licenciado Alejandro Gertz Manero, quien en un afán de servir al Ejecutivo, hace valer un principio de oportunidad, el cual lamentablemente se opone al PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

“Ello –continúa el jurisconsulto-, únicamente lleva como objetivo desistirse de la acción penal para convertir al extraditado en testigo colaborador, acusador, protegido por esa Fiscalía, la cual no desprende humo de buen derecho. El hacer de la fiscalía no denota que se busque la verdad histórica, premisa toral para encontrar el sustratum de los móviles criminógenos del activo en los ilícitos”.

Afirma que “no sólo están en juego los terribles efectos económicos sufridos por esta Nación, sino que la opinión pública nacional, incluyendo fifís, chairos y chafiretes, devienen expectantes para que se dicte la sentencia más justa que en derecho proceda que de alguna manera fortalezca la esperanza en la justicia mexicana”.

De tal suerte que “con ese pacto de brindar impunidad a Lozoya se extingue la ley de la justicia, que aunque no es rápida ni expedita como debiera haber sido, cuando menos nos dejaba la fundada esperanza que se enmendara el yerro cometido. Ojalá así sea”, puntualizó el abogado Alberto Woolrich Ortiz.

Tejido social contaminado. En redes sociales ha trascendido que durante los últimos años, México se ha visto desprestigiado por su propia cultura política

Conforme avanza el actual sexenio se ha percibido un aumento en la corrupción e impunidad gracias a casos como: “Los Duarte”, “La Estafa Maestra”, “El caso Odebrecht”, “Borge”, “La Casa Blanca”, entre muchos otros lamentables sucesos de corrupción, aterrizando con el reciente Caso Lozoya.

La sociedad ha visto cómo la impunidad impacta sin contención alguna la seguridad pública, las políticas públicas de salud y sociales dando como resultado un México desprotegido y el descrédito de sus propias instituciones.

Tan recurrentes han sido los acontecimientos de corrupción que el tejido social se ha contaminado y desgastado a lo largo de todo el país, y como consecuencia inmediata, se ha generado la creencia de un México fallido.

Si la corrupción premia en las instituciones, y México está regido por instituciones, es de suponer que la corrupción nos afecta a todos como comunidad.

En un trabajo periodístico de investigación publicado en el Mexican Times, se advierte que, por ejemplo, la percepción sobre la corrupción en México ha aumentado en los últimos años, ya que de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), presentado por Transparencia Internacional, México obtuvo 30 puntos, cinco puntos menos que en la medición del año 2015, provocando que ahora esté ubicado en la posición 123 de 176 países; 28 lugares menos que el año anterior.

Hoy es posible aseverar que la corrupción la encontramos en todos lados y puede ser que hasta en nosotros mismos, en realidad la corrupción es tan cercana a nosotros que muchas veces no nos damos cuenta de la gravedad que tienen ciertas cosas, ya que se normalizan con el paso del tiempo.

Un claro ejemplo de esto es la corrupción que se vive en la policía citadina, ya que según el Índice de Desarrollo Policial, elaborado por la organización Causa en Común, el policía promedio obtuvo una calificación de -50, siendo 0 la mejor calificación y -100 la peor.

Situación que no se explica cuando el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública ha ido al alza en los últimos 3 años, mientras que los índices delictivos de la capital no han descendido, por el contrario se ha disparado desmedidamente.

Peor aún, se conoce que al menos el 22.9% de los policías reconoce que le han ordenado recoger basura y al 21.1% hacer encargos personales a superiores, dando como resultado “una policía utilizada” para trabajos que nada tiene que ver para los que fueron contratados. Estos sucesos hablan de la precariedad con la que se trabajan las políticas públicas en México.

Al tener un sistema institucional, nuestro país requiere más que nunca de una ciudadanía activa y no distante de la política. Requiere de la participación ciudadana y de sus jóvenes para combatir la impunidad.

Por consiguiente, se debe exigir como ciudadanos nuestros derechos para tener una sociedad mejor, es por eso que ahora más que nunca es necesario luchar contra la corrupción y, asimismo, contra la impunidad.

Porque leyes en México existen en demasía, sin embargo, lo importante aquí es que éstas se cumplan con imparcialidad y qué mejor que combatir la impunidad a través de una población crítica.

Empero, el Ejecutivo federal en manos del populista ex priista-izquierdista Andrés Manuel López Obrador, ha puesto la muestra que “la impunidad y la inmunidad! son dos entes que se consolidan paradójicamente para seguir violentando el Derecho Constitucional. ¡Lamentable!