Cambios en la sociedad e instituciones para generar armonía en la diversidad

Al inaugurar el Encuentro digital sobre derechos de las personas con discapacidad, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, afirmó que es momento de incidir en el modo de pensar y de vida para generar un cambio auténtico en la sociedad, sus instituciones, y generar así condiciones de armonía en la diversidad.

Con la presencia de la consejera de la Judicatura de la Ciudad de México Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés, y de la directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad local, Ruth López Gutiérrez, entre otros, el magistrado planteó que “aceptarnos como iguales, aun con nuestras diferencias, requiere aceptarnos como un todo”.

Como una sola humanidad, comentó, llena de matices, pero que lucha para asegurar su educación, paz y seguridad, y en la que, en el reconocimiento transversal de igualdad, la óptica de los derechos humanos resulta insuficiente para garantizar el respecto efectivo de los mismos si no se está dispuesto a armonizar la diversidad funcional de cada uno.

Dijo que la actual crisis global permite atestiguar cómo la sociedad vive y convive con sus diferencias, y abundó en que, a pesar de lo difícil que parezca apreciar la igualdad más allá de matices de la raza, el sexo, el género, la religión o el origen, la humanidad es una sola y abarca a todos.

Organizado por el PJCDMX, el Instituto de las Personas con Discapacidad y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social locales, en el encuentro se abordarán temas, detalló Guerra Álvarez, relativos a la a la demanda de justicia de ese sector de la población, sus capacidades, trato igualitario y no discriminatorio, el reconocimiento a su vida independiente, su movilidad, entre otros.

A su vez, la consejera Zamudio Valdés se refirió a la dignidad y a la autonomía como principios planteados en una legislación española, relativos al hecho de que las personas con discapacidad tienen valor por sí mismas y derecho a tomar sus propias decisiones; a valerse por sí mismos y a una vida independiente. “Las personas con discapacidad tienen derecho a decidir sobre su vida, a desarrollar su personalidad y a participar en la sociedad”, agregó.

Pero hay un derecho principal que se tiene que ejercer, subrayó, que es el relativo a la protección y acceso a la justicia, el cual las instituciones públicas tienen la obligación de asegurárselos.

“También como instituciones públicas tenemos la obligación de organizar campañas, junto con las organizaciones de las personas con discapacidad, para educar, dar información y formación a todas las personas sobre la igualdad de oportunidades y evitar la discriminación”, enfatizó.

En la inauguración estuvieron, además, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Carreón Castro; la coordinadora institucional de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, María Sirvent Bravo Ahúja, en tanto que en la primera mesa, Acceso a la justicia de las personas con discapacidad y ajustes razonables en el proceso, participó el magistrado por ministerio de ley de la Séptima Sala Civil del PJCDMX, Yaopol Pérez Amaya.

SIGNAN CONVENIO DE COLABORACIÓN. Por otra parte, el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México firmaron un convenio marco de colaboración por el cual el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses intercambiará datos estadísticos e información relevante con dicha grupo de trabajo de investigación, a fin de contribuir a que se cumpla con sus atribuciones y facultades en cada esfera gubernamental.

Al amparo del instrumento firmado, el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México pueden celebrar convenios específicos de colaboración cuyas tareas a desarrollar deberán detallar y calendarizar, además de señalar las aportaciones que hará cada una.

El presidente del PJCDMX, magistrado Rafael Guerra Álvarez, y el titular de la citada comisión, Fernando Elizondo García, encabezaron la firma del convenio marco.

El documento establece una comisión técnica conformada para dar seguimiento a los trabajos de colaboración entre las instancias firmantes, que por el PJCDMX estará integrada por el director del Instituto de Servicios Periciales y Ciencia Forenses; la directora ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos y la titular de Coordinación de Información Pública y Estadística.

En el caso de la comisión, por el titular de la Dirección de Gestión, Vinculación y Atención a Familiares y por el titular de la Dirección de Análisis de Contexto y Procesamiento de Información.

El convenio obliga a los firmantes a entregar sin dilaciones y en plazos establecidos la información que les sea solicitada, tiene una duración indefinida, garantiza la confidencialidad de los datos que se generen e intercambien, y señala que los recursos materiales utilizados que se aporten o contraten provendrán de los respectivos patrimonios de las instancias signantes.