Reformas que protegen a ahorradores tras caso Famsa

Con el objetivo de proteger a los ahorradores frente a casos como el de Banco Famsa, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, presentó una iniciativa que modifica la Ley de Protección al Ahorro Bancario y la Ley de Instituciones de Crédito.

“Es por todos conocido la bancarrota a la que llegó Banco Famsa, que dejó a miles de familias sin ahorros, sobre todo a adultos mayores. No es la primera vez que se deja desprotegido a los usuarios, ya había sucedido con (la Sofipo) Ficrea, que desde hace años a muchos usuarios de México y Nuevo León los tiene sin recuperar su dinero”.

"Para que ya no vuelva a pasar esto, el día de ayer registramos una iniciativa para modificar estas dos leyes y ser mucho más contundentes, que no vuelva a pasar lo de Ficrea ni Famsa, queremos subir el tope del IPAB, que no solamente llegue a 2.5 millones (400 mil udis) sino que suba a 5.6 (800 mil udis) como sucede en Estados Unidos”, dijo.

Las reformas consideran un monto en el pago de obligaciones garantizadas para personas morales; el fortalecimiento de las medidas preventivas y correctivas, con relación a la procuración de solvencia de las instituciones de banca múltiple, requerimientos de liquidez, y constitución de reservas preventivas, a efecto de proteger el sistema de pagos y al público ahorrador.

Asimismo, endurecimiento de sanciones, la remisión de un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al Congreso de la Unión, sobre las determinaciones que motiven la declaración de revocación de la autorización, y la consecuente liquidación, de la institución de banca múltiple de que se trate.

Además, que las instituciones de banca múltiple publiquen trimestralmente en sus portales de internet los indicadores más representativos de su situación financiera, administrativa y de su cartera, en un lenguaje sencillo, claro y en formatos accesibles; la actualización periódica de planes de contingencia ante escenarios adversos que pudieran afectar su solvencia o liquidez, y priorizar en el pago de obligaciones garantizadas el que corresponda a las personas adultas mayores.