Impulsan iniciativa para apoyar a deudores de financieras

La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz presentó una iniciativa para reformar la Ley de Protección al Ahorro Bancario, para que ante una declaratoria de emergencia sanitaria o de desastre, se apoye con el pago de deudas a las personas que tiene algún crédito bancario.

En la modificación, la legisladora de Movimiento Ciudadano propuso que sea el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) quien cubra el monto mínimo requerido a petición de los deudores, durante la contingencia.

Explicó que al cumplir con dicho pago se evitaría la morosidad, se asegurarían los recursos para las instituciones de crédito, habría liquidez y se garantizaría la estabilidad económica de las personas en situaciones excepcionales.

Existen fondos suficientes para beneficiar a las y los mexicanos ante la actual pandemia, puesto que las cuotas recibidas por el Instituto, en 2019, oscilan en los 24 mil millones de pesos; de esa cantidad solo se usarían 2 mil 640 millones de pesos, detalló.

El Instituto, agregó, podría cubrir el equivalente a 45 mil unidades de inversión por persona, equivalentes a 289 mil pesos; el procedimiento se realizaría en una o varias instituciones de crédito.

Con esa acción no se afecta la viabilidad del IPAB y el esquema funcionaría para las personas en un contexto complicado, subrayó.

Medina Ortíz refirió que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación Financiera de 2018, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 31 por ciento de la población mexicana tiene algún tipo de crédito.

La diputada recordó que el IPAB nació para rescatar a la banca de una crisis económica; por ello, abundó, se obligó a las instituciones bancarias a financiarlo a través de cuotas, mismas que funcionan como un seguro de liquidez en favor de sus clientes, en caso de que una o varias instituciones fallen o quiebren.

La iniciativa que busca reformar el artículo 11 y adicionar el artículo 19 bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, fue turnada de manera directa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.