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Fortalecer a MiPymes con adjudicaciones directas

14 jul 2020
2 min de lectura

El senador Samuel García Sepúlveda presentó una iniciativa con proyecto de decreto para que los órganos de la Administración Pública Federal puedan contratar adjudicaciones directas de forma exclusiva a micros, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes), en casos de una emergencia sanitaria declarada por la autoridad nacional o internacional competente.

Dicho procedimiento, explicó el legislador de Movimiento Ciudadano, se podrá realizar siempre que el monto sea igual o inferior a la a la cantidad de 500 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA).

Ante las circunstancias actuales derivadas de la pandemia, es indispensable priorizar la participación de las MiPyMes en todos los sectores económicos a fin de fortalecerlas; el involucrarlas en las adquisiciones y compras de gobierno representaría un área de oportunidad para su preservación, indicó García Sepúlveda.

Es necesario, apuntó, dotar de mecanismos jurídicos a este tipo de empresas y coadyuvar en la protección de su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, ya que además representan una fuente de empleo relevante, aportan cerca del 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Señaló que las actividades económicas de este sector son imprescindibles para satisfacer la extracción, explotación, conversión, distribución y venta de todos los productos que ofertan otras empresas, y al extender su campo de maniobra, la estabilidad económica de México se vería beneficiada.

El senador de MC refirió que, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en México existen más de 4.1 millones de microempresas, mismas que aportan el 41.8 por ciento del total del empleo nacional; las pequeñas representan el 15.3 por ciento y las medianas el 15.9 por ciento.

La iniciativa que busca reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, fue turnada de forma directa a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores.

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