Derecho humano vivienda es obligación del estado, no de particulares

El Diputado Diego Garrido puntualizó que es el Gobierno quien debe garantizar el derecho humano a la vivienda y no trasladar esa obligación a los particulares, exigió que el Gobierno entregue ayudas económicas de manera urgente a quienes perdieron su empleo y no cuentan con recursos para pagar su renta.

Garrido afirmó que la propuesta de Morena en materia de arrendamiento viola el derecho a la propiedad privada, pues obligará a los particulares a darle su inmueble a un tercero, a su inquilino, sin pago ni mandato judicial de por medio, por lo que también es una medida confiscatoria al privar del uso y goce de tus bienes sin orden de un juez.

La propuesta viola la irretroactividad de la ley pues pretenden aplicarla a los contratos de arrendamiento vigentes; violenta la libertad contractual de las partes y principios básicos del derecho civil, es una aberración jurídica.

Diego Garrido alerta que la iniciativa fomenta el delito de despojo e invasión de predios, ya que propone que nadie pueda ser desalojado si no existe contrato escrito de arrendamiento, con lo cual “se podrían meter a un predio y alegar que tiene un arreglo verbal para ello, y amparándose en esta reforma no podrás desalojarlos pues no existe nada por escrito”.

El panista explicó que obligar a contratos de 3 años, las rentas congeladas, eliminar garantías, y dejar en estado de indefensión a los arrendadores afectará a quienes buscan rentas accesibles, ya que se reducirá la oferta e incrementarán los precios.

El también Secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, agregó que los dueños de propiedades dadas en arrendamiento no necesariamente tienen otra fuente de ingresos y que también son vulnerables a la pérdida de empleo “se afectará a miles de familias y adultos mayores que subsisten de rentar un cuarto, inmuebles en zonas populares o pequeños departamentos de interés social”.

Por último, refirió que la propuesta busca ilusionar incautos, es electorera, fomenta el discurso de odio entre clases y la polarización social, sobre todo cuando el Código Civil ya contempla hipótesis para modificar arrendamientos en situaciones extraordinarias y cuando el gobierno de su mismo partido oficial podría solucionar la problemática si apoya económicamente a desempleados durante la pandemia.