Morena busca traficar con el derecho a la vivienda

Diputados locales del GPPAN acusaron a MORENA de promover instrumentos legislativos “perversos” e inconstitucionales, que vulneran el derecho a la propiedad privada y evidencian la incapacidad del Estado para brindar vivienda digna a los capitalinos durante la pandemia.

El Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Mauricio Tabe afirmó que la iniciativa de Ley de Inquilinos que propone Morena generará más ruido en el mercado, desalentando la inversión, lo que va en sentido contrario a lo que debería estar haciendo la autoridad local para alentar la actividad económica en medio de la pandemia.

“Lo que debe hacer la autoridad es impulsar una política de subsidios para garantizar a la población el apoyo para las rentas, no obligar a los particulares a entrar en este estado de incertidumbre tratando de mandar un mensaje de que apoyan a quienes arriendan un inmueble”.

Señaló que la iniciativa es una medida política que le habla a un sector de la población. “A veces las medidas que tienen buenas intenciones, mal instrumentadas generan efectos perversos y distorsiones de mercado que pueden ser muy graves”.

Sostuvo que desde el año pasado en la Cuenta Publica se venía identificando la caída en el PIB de la Ciudad y una contracción económica mayor que a nivel nacional, derivado de la caída en el mercado de la construcción, luego de diversas medidas tomadas por la autoridad local en este sector.

Subrayó que el GCDMX se ha desentendido de usar los instrumentos del gasto público para apoyar la economía familiar y alentar la actividad económica, “ha sido muy lento y regateado el apoyo”.

Por su parte, la diputada Gabriela Salido, integrante de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, lamentó que la propuesta del grupo mayoritario tenga un objetivo ideológico, más que de política pública seria y sólida en favor de las familias capitalinas.

Por su parte, el diputado Diego Garrido, Secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia sostuvo que esto es una “aberración” jurídica y que altera el principio de retroactividad de la ley.

“Nadie te puede privar de tus bienes si no es bajo un mandato judicial y esto, de facto, está privando del goce y disfrute de tu propiedad”.

Asimismo, dijo se vulnera el derecho a la propiedad, ya que se puede privar a cualquiera de sus inmuebles sin un mandato judicial de por medio, esto lo que hace es privarte del disfrute de tu propiedad, vía una reforma ilegal.

De igual forma, pisotea principios básicos del Derecho civil como la libertad contractual, hay que el contrato de arrendamiento es una negociación entre dos particulares, donde la voluntad de las partes es la que debe imperar ante cualquier disposición.

En tanto, el diputado y presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo, Federico Dôring, advirtió que las reformas en materia de arrendamiento es una jugada de MORENA para vender ideologías comunistas y quedar bien ante un grupo reducido de militantes, poniendo a los empresarios y desarrolladores como “los malos del cuento”.

“Esta propuesta tiene claro un objetivo electoral. Particulares no tienen por qué garantizar un derecho humano, eso es obligación de las autoridades, no de las personas que tienen un inmueble y lo arrendan para obtener, lícitamente, una contraprestación económica”.

Apuntó que la propuesta de que, en caso de emergencia nacional, desastres naturales y declaratorias de emergencia, se genere el incumplimiento de contrato por parte de los arrendatarios, y en consecuencia se solicite la renegociación del contrato, no es más que un muy mal pretexto para meter otros temas a la iniciativa.

“Y es que la renegociación de contrato se puede hacer en cualquier momento cuando existe consentimiento de las dos partes. Es una propuesta ociosa”.

Explicó que no hay razón alguna para que la ley establezca que el arredamiento de vivienda deba ser, obligatoriamente, mayor a tres años. “Son muchos los factores que influyen para en la decisión de una familia para rentar en un lugar u otro, uno de esos factores es el económico”.

Se solidarizó con los empresarios y expuso que obligar a las familias a celebrar contratos de arrendamiento de vivienda por al menos tres años, no genera beneficios, por el contrario, les puede generar un perjuicio, en el caso de que disminuyan sus ingresos o simplemente decidan invertir en la adquisición de una propiedad.

La propuesta de que, en caso de lanzamientos ordenados judicialmente, deban notificarse con una anticipación de dos meses, implicaría que el juicio por incumplimiento de contrato hubiere iniciado al menos tres meses antes; es decir, que el arrendador habría estado casi medio año sin que el arrendatario hubiese cumplido con el contrato, pero sin poder hacer nada que le desocupen el inmueble.

Los legisladores panistas afirmaron que darán la batalla y la defensa jurídica para evitar que se apruebe desde Comisiones esta iniciativa, ya que se trata de una propuesta con un tinte electoral, populista y mediático que sólo busca ganar adeptos violentando la Constitución.