Se extienden 40 órdenes de captura en el caso de Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República solicitó ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del Estado de Guerrero. A todos ellos se les acusa por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada.

Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados, ni judicializados, en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República.

Esas órdenes de aprehensión solicitadas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo, en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República; entre ellos, Tomás “Z”, quien huyó del país, y que ya cuenta con orden de aprehensión y con ficha roja de INTERPOL, para su localización a nivel internacional, y su extradición correspondiente. Y, el día de ayer, se obtuvo la aprehensión de José Ángel “N”, alías “El Mochomo”, quien fue un participante de gran notoriedad en este caso.

Creo que es necesario exponer brevemente los antecedentes de este asunto:

-En septiembre de 2014, la entonces Procuraduría General de la República consignó a diversos funcionarios que fueron puestos en libertad en distintas fechas, en virtud de la inconsistencia y parcialidad de las acusaciones que omitieron señalar todas las violaciones que estos individuos cometieron durante su intervención en el caso.

Entre ellas, la detención arbitraria, la tortura, la dilación en las puestas a disposición, la vulneración de los derechos de la defensa y las violaciones al procedimiento; ocultando también pruebas suficientes que permitieran conocer, de manera fehaciente, el destino de las víctimas.

-En 2019, ya la nueva Fiscalía, a través de la Fiscal Especial en materia de Derechos Humanos, Maestra Sara Irene Herrerías, así como del Fiscal Especial para el caso Ayotzinapa, Maestro Omar Gómez Trejo, se iniciaron nuevas investigaciones por diversos delitos que no habían sido tramitados, y que no tienen obstáculo procesal para poderlos judicializar; ya que son, fundamentalmente, la desaparición forzada de las víctimas y delincuencia organizada, así como el verdadero paradero de las personas desaparecidas.

Todas las diligencias realizadas durante este nuevo periodo de investigación, con sus pruebas testimoniales que han sido confrontadas con la secuencia de los hechos, y con las periciales de ubicación e identificación, han permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de quienes cometieron esos delitos; e inclusive, se han enviado ya restos para su identificación a la Universidad de Innsbruck, que fueron encontrados durante esta nueva administración y nueva investigación; sobre los cuales se esperan resultados de inmediato.

Nuestra investigación continúa, y a finales de esta semana esperamos poder judicializar a otros funcionarios de diversos niveles; así como dar mayor información sobre los restos humanos que fueron enviados a la Universidad ya señalada, con referencia a los sitios donde fueron encontrados, en diligencias absolutamente apegadas a derecho.

La información detallada de todo el trabajo realizado que ha permitido identificar esta desaparición forzada y las conductas de delincuencia organizada correspondientes, el Fiscal de Ayotzinapa, Maestro Omar Gómez Trejo, habrá de hacer una referencia pormenorizada conforme la autoridad judicial nos lo vaya permitiendo. Para que esta nueva etapa se maneje con absoluta transparencia y con toda legalidad.