Urgen protocolos seguridad para prevenir delitos en regiones y rutas turísticas

La Secretaría de Turismo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y demás instituciones de seguridad pública federal, estatal o municipal, deben diseñar e implementar protocolos especializados de seguridad para prevenir delitos en regiones y rutas turísticas que permitan salvaguardar la integridad física y patrimonio de turistas y prestadores de servicios turísticos, propusieron diputados del PVEM.

Los legisladores Leticia Mariana Gómez Ordaz y Arturo Escobar presentaron una iniciativa con proyecto de decreto, para reformar en ese sentido las leyes General de Turismo y de la Guardia Nacional.

Recordaron que nuestro país es considerado mega-diverso, por contar con grandes atractivos turísticos naturales que lo hacen propicio para realizar el turismo alternativo, así como el ecoturismo, agroturismo, la observación de aves y otras especies, lo cual genera ingresos económicos adicionales en diferentes sectores y, sobre todo, a nivel de comunidades.

Señalaron que la inseguridad es una preocupación para los turistas de todo el mundo y México debe prestar atención a los desafíos que esa situación representa para poder aprovechar el potencial del desarrollo económico y regional del turismo.

También indicaron que de los 33 países miembros de la OCDE, México reporta el nivel más bajo de gasto en seguridad doméstica y justicia, rubro al que solo destina un 0.7 por ciento del PIB.

Hicieron ver que los principales destinos turísticos del país se encuentran tanto en los estados más seguros como dentro de los más inseguros, donde se aprecia una clara e indudable correlación entre la violencia e inseguridad y el flujo turístico y desarrollo de la región. Ellos son Cancún, Ciudad de México; Puerto Vallarta y Riviera Nayarit; Tijuana, Ensenada y Los Cabos, acotaron.

En ese contexto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PVEM indicaron que en la iniciativa de reforma platean introducir las bases legales para darle cauce institucional al diseño e implementación de protocolos de seguridad turística especializados que coadyuven en la ruta de salvaguardar la integridad física y el patrimonio de los turistas y los prestadores de servicios turísticos.