Saldrán de la cárcel 5 mil delincuentes desvalidos

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, llamó a los grupos de oposición en el Senado a la unidad y a acudir mañana a la sesión del Pleno para discutir y, en su caso, aprobar la Ley de Amnistía como un asunto de justicia social, ante la emergencia sanitaria que vive el país.

La acción humanitaria, apuntó, consiste en subsanar errores del pasado y liberar a quienes no representan un peligro de alto impacto para la sociedad.

Aclaró que el objetivo de la ley es proteger a integrantes de los sectores más desvalidos como son: mujeres en condiciones de sumisión, a quienes viven en pobreza extrema o que enfrentaron malos juicios, personas indígenas; con enfermedades graves, o adultos mayores.

Así se atendería también la coyuntura de la crisis sanitaria, explicó el senador en un mensaje en sus redes sociales.

En México, advirtió, no se pueden ignorar las condiciones riesgosas que existen en los centros penitenciarios, tanto para población interna como para quienes entran y salen.

En el 2018 las tasas de ocupación en los centros penitenciarios, señaló, se encontraban hasta en 300 por ciento de hacinamiento, condiciones que complican mantener una sana distancia o un protocolo que evite la propagación del virus.

Apuntó que la magnitud de la pandemia del COVID-19 ha ocasionado que el orden de los asuntos públicos en todos los países ca mbie, al dar mayor peso a las políticas y acciones que pueden servir para prevenir contagios y disminuir al máximo el número de fallecimientos.

Dijo que en la Ley propuesta nunca se ha hecho referencia en otorgar la libertad a reos que hayan cometido delitos de alto impacto, como feminicidio, homicidio, secuestro, violación, terrorismo, extorsión, lesiones graves, huachicol, a quienes hayan sido reincidentes, o que en la comisión del delito hayan utilizado un arma de fuego dañado a un tercero o usado la violencia.

Explicó que serían alrededor de cinco mil personas las que se pudieran beneficiar de la legislación, el equivalente a un 17 por ciento de quienes se encuentran en prisión por delitos del fuero federal.

El legislador reconoció que se corren riesgos al realizar la sesión, pero es más importante el interés general que el particular.

“No quiero cargar con actos negligentes y politizados en mi conciencia que hayan impedido atender estos reclamos de justicia y haber podido salvar vidas”, finalizó.