Defensoría especializada Micro, Pequeño y Mediano Empresario de la CDMX

Con el propósito crear incentivos, promover, proteger y velar por los derechos de los particulares ante las autoridades, la senadora Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, inscribió una iniciativa para reformar el artículo 25 de la Constitución, a fin de crear una "Defensoría de Micro, Pequeño y Mediano Empresario",

Las micro, pequeñas y medianas empresas son fundamentales en el desarrollo de México, pues constituyen la columna vertebral de la economía nacional y tienen un alto impacto en la generación de empleos, recordó.

La legisladora destacó que las MIPyMES representan casi 98 por ciento del total de unidades económicas, generan más del 50 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y contribuyen con aproximadamente nueve de cada 10 empleos formales que se crean en México.

En todo el país, en el sector de la manufactura hay 489 mil 530 micro, pequeñas y medianas empresas, de las cuales 458 mil 96 corresponden a las micro empresas, 20 mil 455 a pequeñas empresas y 7 mil 431 a medianas empresas.

En el sector comercio, se registran dos millones 42 mil 641; de las cuales un millón 978 mil 887 corresponden a micro empresas, 43 mil 967 a pequeñas empresas y 14 mil 454 a medianas empresas.

Y en lo que respecta a servicios, se tiene un estimado de un millón 637 mil 362; de las cuales un millón 560 mil 949 son microempresas, 64 mil 274 son pequeñas empresas y cinco mil 923 son medianas empresas.

Sin embargo, acotó Sánchez Hernández, pese a su valor estratégico la realidad de las MIPyMES no es del todo favorable, ya que muchas de ellas enfrentan graves obstáculos para su desarrollo.

Se estima que el 75 por ciento de las empresas que abren en nuestro país quiebran durante los primeros cinco años. Esto se debe principalmente a distorsiones que tiene el mercado interno, el exceso de trámites, la falta de crédito para capital de trabajo o para invertir, la corrupción de autoridades, la inseguridad pública y las regulaciones excesivas.

Esto, a la larga, repercute directamente en la unidad económica hasta tornarse en una pesada carga, que sin los debidos apoyos por parte de las autoridades, puede llegar a ocasionar hasta el cierre de empresas, explicó la senadora.

Gloria Sánchez asentó que las condiciones económicas nacionales y globales obligan a darle prioridad a la protección y desarrollo de las MIPyMES, así como asumir en este tipo de empresas un enfoque de viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.

Por ello, dijo, se requiere una Ley que establezca la implementación de programas, instrumentos, esquemas, mecanismos y actividades económicas para el desarrollo de las mismas.

En este contexto, la legisalsora también sugirió, en la iniciativa que se publicó en la Gaceta Parlamentaria del 1 de abril, que se adicione la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Carta Magna, para que el Congreso pueda expedir una ley para el fomento y desarrollo sustentable de la actividad de estas unidades económicas.