Ante emergencia sanitaria urgen redistribución de ingreso derecho turístico

Es necesario un decreto para canalizar, de mejor manera, los recursos obtenidos por derechos que se cobran a los turistas extranjeros que visitan nuestro país, conocido como el Derecho de No Residente o DNR.

En el contexto de la emergencia sanitaria que padece el país por la pandemia de Covid-19, el senador Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso dicha iniciativa.

Este fondo, dijo, serviría como una clara muestra de responsabilidad financiera gubernamental, para dotar de mayor seguridad a los que se dedican a las actividades turísticas y promueven más inversión y la creación de más empleos, mejor remunerados.

Con esta iniciativa afirmó, se propone que los ingresos ahora sean redistribuidos para el Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo y a la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país, y para la creación de un fondo de reserva para hacer frente a eventos de fuerza mayor o caso fortuito, como es el cierre inesperado de actividades, como en el caso de la pandemia.

Este fondo, precisó Manuel Añorve, sería administrado por el Gobierno Federal con reglas de operación definidas por la Secretaría de Turismo para que sea ejercido por la Federación y los gobiernos estatales y así apoyar la continuidad de los empleos generados por las actividades turísticas en el país cuando éstos se vean perjudicados por causas de fuerza mayor.

El legislador priísta subrayó que hoy nos enfrentamos a algo que nunca había sucedido. La humanidad vive una crisis como nunca antes en la historia. La pandemia provocada por la rápida dispersión del nuevo virus SARS-COV2, ha provocado escenarios que solo parecían ser vistos en la ciencia ficción.

Calles vacías y locales comerciales cerrados se han vuelto el panorama cotidiano en muchas partes del mundo y México no estará exento de estas medidas y, por lo tanto, de las consecuencias sociales y económicas que tengan.

Destacó que en América Latina, la región más comparable con México, el cierre de fronteras, cancelación de vuelos y la clausura d

toda actividad no esencial son la norma. Por ejemplo, Bolivia, Argentina, El Salvador y Paraguay han optado por la cuarentena total de su población; Colombia, Chile y Ecuador, entre muchos otros, han cerrado sus fronteras y han impuesto un toque de queda nocturno para su población.

Frente a este escenario, agregó, en varias entidades de la República se ha comenzado a tomar medidas para tratar de disminuir la propagación de este virus.

La pandemia generará un impacto en la economía de los estados que viven del turismo, en especial de aquellas familias que tienen empleos relacionados con actividades turísticas.

Es evidente que esta situación tiene, por lo menos, dos grandes espectros, el de salud y el económico, por lo que, advirtió, el gobierno debe atender ambos espectros con igual diligencia, detalló el senador priista.

No basta con tomar medidas de distanciamiento social y prevención de la salud, es necesario, apuntó, prever los mecanismos legales y financieros que ayudarán a revertir los efectos negativos en la economía, una vez pasada la crisis sanitaria.

Asimismo, informó, se prevé que, al final de cada ejercicio, la Secretaría de Turismo informará a la Cámara de Diputados el monto total de este fondo de reserva y, en su caso, las razones y los montos de las erogaciones realizadas durante el ejercicio de que se trate. Este fondo será una de las herramientas que tanga la Administración Pública Federal y Estatal para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia.

Lo que se busca, abundó, es contar con recursos para apoyar a las familias que dependen de las actividades turísticas para subsistir, por eso se delimita su ejercicio, exclusivamente para apoyar la continuidad de los empleos relacionados con actividades turísticas.

En los años subsecuentes a esta crisis sanitaria, este fondo servirá como una clara muestra de responsabilidad financiera gubernamental, dotando de mayor seguridad a los que se dedican a esta labor, promoviendo así más inversión y la creación de más empleos y mejor remunerados, sostuvo Añorve Baños.

La iniciativa con proyecto de decreto, que pretende modificar el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, fue turnada directamente a la Cámara de Diputados.