Mejor agilizar procedimiento y trámites de adopción en la Ciudad de Méxic

Es necesario contribuir en el mejoramiento de los procesos y trámites de adopción, además de avanzar en la protección del derecho a la familia, por lo que se debe reformar en materia de adopción en la Ciudad de México.

Diputadas y diputados del Congreso capitalino participaron, junto con especialistas, asociaciones civiles y autoridades judiciales locales y federales, en la Jornada por la justicia y el derecho de la infancia.

La diputada Lilia Rossbach Suárez, de MORENA, indicó que el objetivo del foro es “que la Ciudad de México cuente con un marco regulatorio para el proceso de adopción eficaz en garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como velar por su bienestar y desarrollo”.

Recordó que en octubre del año pasado presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Civil, y el Código de Procedimientos Civiles en materia de adopción.

Destacó la relevancia de esta ley, por el impacto que puede tener para cambiar el destino y futuro de muchas niñas y niños que se ubican en uno de los grupos de mayor vulnerabilidad, “es importante que esta reforma se realice con discusiones de fondo, en donde participen todos los actores involucrados, y así construyamos un ordenamiento jurídico que garantice a las niños y niños el derecho a tener un hogar en donde sean felices y, al mismo tiempo, se cierre la posibilidad de que vuelvan a ser vulnerados”.

En su intervención, el diputado Mauricio Tabe Echartea, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, reconoció la necesidad de agilizar los procesos de adopción para fortalecer el derecho superior de niñas, niños y adolescentes.

Informó que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México recibió de 2012 a 2017 mil 247 solicitudes de adopción, de las que sólo 35 por ciento -es decir 440- se concedieron con éxito.

El diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, aseguró que “la política de adopción en nuestro país es una política fracasada”, por los trámites difíciles y tortuosos.

Indicó que México ocupa el primer lugar de América Latina en niños huérfanos, con cerca de un millón 600 mil menores en orfandad, sin considerar la cifra negra de infantes no registrados, que por carecer de identidad enfrentan un gran riesgo de ser utilizados por la delincuencia organizada y redes de explotación infantil sexual o laboral.

Durante su intervención, Esthela Damián Peralta, directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, aseguró que el tema más importante para la dependencia a su cargo es la adopción de niñas, niños y adolescentes, por lo que se realiza un trabajo coordinado entre la Fiscalía y el Poder Judicial de la Ciudad de México. “Nosotros no tenemos expedientes, ni números, tenemos niños a nuestro cargo, de ahí la relevancia de nuestra labor”.

Detalló que durante 2019 se realizaron en el DIF CDMX 435 acciones mediante la figura de familia ampliada, que consiste en evitar que las y los niños se institucionalicen, es decir, “cuando tenemos el caso de algún menor víctima de un delito, se identifica dentro de su círculo afectivo más cercano a la persona más apta para hacerse cargo, con ello evitamos que sean enviados a las casas hogar y también damos cumplimiento a las normas internacionales en materia del interés superior de la niñez”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, resaltó que el tema de la adopción es recurrente en la agenda de la infancia, y que es un problema complejo, ya que a nivel nacional no existe un registro nacional de cuántos menores son susceptibles de adopción y cuántos han sido adoptados.

En este foro estuvieron presentes las diputadas y diputados Valentina Batres Guadarrama, Paula Soto Maldonado, Guadalupe Chávez Contreras, Ricardo Ruiz Suárez, Carlos Hernández Mirón (MORENA), Leonor Gómez Otegui y Martín del Campo Castañeda (PT).