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Primero persecución penal estratégica necesitamos

6 feb 2020
2 min de lectura

Sólo cuatro de cada 100 delitos denunciados e investigados a nivel local y seis de cada 100 a nivel federal reciben una respuesta satisfactoria, supuestamente, ante un panorama de recursos escasos.

Cada día ocurren miles de delitos en el país, pero no todos nos afectan de la misma manera. Por eso es importante priorizar la investigación de aquellos que impactan de forma más grave a la sociedad.

Y... ¿en qué basan sus decisiones? Entre otras cosas, en la voluntad de autoridades, la atención mediática e incluso en incentivos en forma de corrupción.

Necesitamos una política criminal racional que contemple un uso más eficiente de los recursos disponibles. Así, se podrán establecer criterios transparentes y justificados para explicar la toma de decisiones de las autoridades, dar certidumbre a los ciudadanos y cerrar los espacios para el voluntarismo y la corrupción.

Para que las fiscalías y procuradurías locales, así como la federal, logren una persecución penal estratégica, proponemos que definan políticas de priorización con estructuras flexibles a partir de elementos como: gravedad del delito, condiciones de las víctimas, estructuras criminales, factibilidad y viabilidad para su investigación y judicialización.

No todos los delitos federales son prioritarios. El 22.3% del total de las investigaciones iniciadas por la FGR fueron por delitos patrimoniales, de enero a septiembre de 2019. Los casos que logra judicializar son, en su mayoría, por portación de arma de fuego y delitos contra la salud.

La Fiscalía General de la República investiga y judicializa delitos poco complejos y de poco impacto social.

Una política de priorización federal puede corregir esta situación y desarrollar formas más eficientes para hacer frente a un alto volumen de delitos no complejos, al mismo tiempo que se logran enfocar recursos en delitos de impacto y complejidad altas.

Se debe de partir de un diagnóstico para comprender el fenómeno criminal, y debe de contemplar la caracterización del crimen, lineamientos de política criminal y el desempeño de cada entidad

Establecer criterios de priorización para la persecución penal a partir de la gravedad e importancia, situación de víctimas y victimarios, así como la factibilidad y viabilidad

Fijar un orden de atención de los casos y fenómenos delictivos para orientar recursos hacia ellos.

También se debe de contar con una unidad de priorización al interior de las fiscalías o procuradurías. Articular la política de priorización federal con las locales para una respuesta coordinada

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