Pueblos y Barrios reconocen de sus derechos históricos

En este Congreso la Ley de Defensa de Derechos de los Originarios e Indígenas Residentes de nuestra Ciudad de México, se aprobó y tiene como objetivo avanzar tal como lo estableció la Constitución local.

Sin embargo, sabemos que esta Ley apenas es un eslabón necesario para que se reconozca y se les dote de derechos a quienes han defendido y cuidado de esta Ciudad y país.

La propia Constitución de la Ciudad de México mandató de forma clara que se debe garantiza la progresividad de los derechos y que, para ello, es fundamental contar con los recursos necesarios, o las buenas intenciones se convierten en letra muerta.

Muchos de nosotros queremos que las iniciativas de Leyes o de modificaciones a las mismas, realmente puedan generar un cambio positivo para el futuro de los habitantes y transeúntes de esta Ciudad, por ello es que como uno de los complementos a la Ley de Pueblos y Barrios Originarios e Indígenas Residentes que elaboró y aprobó este Congreso cuente con recursos, a través de los cuales, se puedan realizar y ejercer los derechos, y se de un cumplimiento real de la Ley.

La iniciativa de reforma que hoy planteo va en el sentido de que, a través de garantizar recursos en el presupuesto a todos los niveles de la administración local, bajo el enfoque de anexo transversal, para el ejercicio y realización de los derechos de los Pueblos, Barrios Originarios e Indígenas residentes.

Este anexo transversal que existe ya dentro de la Ley de Austeridad se incluyó ya en 2019 en el ejercicio fiscal para los derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo que representó un importante avance al contar con la garantía presupuestaria.

Mi propósito es que todos quienes formen parte de la administración pública contemplen siempre la garantía de los derechos de los pueblos, barrios e indígenas residentes en todas las políticas, iniciativas, evaluaciones, programas y su ejecución.

Que su mirada sea intercultural y con perspectiva étnica, con el respeto y promoviendo el ejercicio de sus derechos y con el respaldo de los recursos suficientes.

Sin duda, falta un largo camino que recorrer, pero este es un primer paso para hacer de la Ley de Pueblos y Barrios Originarios e Indígenas Residentes un mecanismo eficiente para atender las necesidades, derechos y demandas de los pueblos.