Rezago legal sobre cambio climático

Es necesario poner la evidencia científica del cambio climático y las estrategias que se requieren para México en un lenguaje jurídico que permita crear marcos normativos.

Si bien se han establecido convenios internacionales, como el Acuerdo de París en 2015, para que las naciones firmantes, como México, pongan en marcha medidas para afrontar las consecuencias del cambio climático global, el tema desde el ámbito jurídico aún requiere de amplias discusiones y consensos en el país.

Esto es necesario para definir conceptos básicos, establecer leyes, reglamentos y normatividades que sean la base para los profundos cambios que se necesitan implementar para evitar que la temperatura global aumente a 2 °C.

“Tenemos una serie de principios jurídicos que no han evolucionado para enfrentar al cambio climático. Digamos que tenemos un desfase entre el avance científico, tecnológico y epistemológico y lo jurídico que soporta aspectos de gobierno, gobernanza y democracia”, comentó María del Carmen Carmona Lara, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante la presentación del libro Cambio climático y gobernanza. Una visión transdisciplinaria.

La especialista en derecho ambiental añadió que falta un pensamiento administrativo funcional en torno al cambio climático y aunque existen instituciones que diseñan y buscan implementar políticas públicas para que México tenga sus estrategias de mitigación y adaptación al calentamiento global, “se tiene que hacer una traducción jurídica de conceptos como adaptación al cambio climático y a partir de ello avanzar en encontrar modelos normativos para instrumentar acciones concretas”.

Rosalía Ibarra Sarlat, coordinadora del libro, añadió que el cambio climático trasciende fronteras y cruza los límites disciplinarios, por ello, para la elaboración de este texto se invitó a escribir a químicos, biólogos, especialistas en relaciones internacionales, geógrafos, politólogos, filósofos, administradores públicos y abogados a reflexionar, discutir y coincidir en las partes para después integrarlas en el anhelo de comprender el problema de una manera holística. “Entendemos que el cambio climático es un problema complejo que requiere de la participación de todos”.

La evidencia científica y la generación de datos comprobables son vitales para la toma de decisiones en este rubro; no obstante, es necesario que científicos y abogados entablen un lenguaje común, y fue en ese sentido que Marco Heredia Fragoso, coordinador general de Cambio Climático para la Evaluación de Políticas de Mitigación y Adaptación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), destacó que esta obra trasciende lo normativo y el funcionamiento del sistema para entender por qué el cambio climático es hoy en día uno de los fenómenos más graves que aquejan a la humanidad.

Con este libro “salimos del ámbito de lo exclusivamente jurídico, entramos a elementos que tienen que ver con la necesidad de normar, de atender problemas socioambientales donde el derecho es un instrumento, una herramienta muy útil que nos ayuda a conceptualizar y a poner en claro cuál debe ser la conducta de vida ante ciertas causas y efectos que se están generando con motivo del cambio climático”.

Por su parte, Aquilino Vázquez García, director del Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que primero se tendría que revisar de manera integral el marco jurídico existente y consideró que ha faltado “una gran armonía entre los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pues cada cual va por su camino. Habría que preguntarnos qué ha hecho falta para que estas políticas públicas sean eficaces, eficientes y aplicables”.

El libro fue publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el prólogo fue escrito por la doctora María Amparo Martínez Arroyo, directora general del INECC; consta de seis apartados y 18 artículos en los que se aborda el contexto internacional; las medidas alternativas de mitigación de gases de efecto invernadero; las revisiones sobre el concepto de adaptación; los análisis de estudios de casos sectoriales; aspectos de género, comunidades indígenas, seguridad alimentaria y justicia climática; y ciudades y cambio climático.

Los ponentes coincidieron en que este documento podría servir de referencia para replantear esquemas de coordinación, de concurrencia y competencia y después empezar a sentar esas bases jurídicas que sean los referentes para legislar, crear reglas claras y poder responder adecuadamente a la mayor crisis ambiental a la que se ha enfrentado el ser humano.