Reformas a la Constitución CDMX, Tribunal Superior J.

Para contribuir a mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, el pleno del Congreso local aprobó en forma unánime un dictamen que reforma los artículos 35, 37, 44 y 46 de la Constitución de la Ciudad de México, presentado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, reconoció que éste se deriva de la iniciativa presentada por el diputado Eleazar Rubio Aldarán, “y tiene dentro de sus finalidades derogar lo invalidado por la Suprema Corte en días pasados, acatar la sentencia emitida por ese Tribunal y en consecuencia ajustar los procedimientos y dotar al Poder Judicial de esta ciudad de los mecanismos necesarios para su eficiente y eficaz funcionamiento”.

Recordó que los pasados días 26 de junio y 24 de septiembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las sentencias dictadas por el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver dos controversias constitucionales, que aluden que los artículos 35 y 37 de la Constitución local incorporan algunas figuras relativas al Poder Judicial local que vulneran los principios de la autonomía e independencia que protege la Constitución Federal a favor de los órganos encargados de impartir justicia.

Indicó que estas controversias reclamaron la invalidez de las facultades del Consejo Judicial Ciudadano de intervenir en el nombramiento de los integrantes del Consejo de la Judicatura y en la designación de jueces y magistrados, y la prohibición expresa de que la o el Presidente del Tribunal Superior de Justicia pueda también presidir simultáneamente el Consejo de la Judicatura y la temporalidad limitada sumamente acotada de un año improrrogable para ocupar la Presidencia del Tribunal Superior.

Por lo anterior, dijo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó de la Constitución de la Ciudad de México los artículos 35 en el Apartado B numeral 9; Apartado E numeral 2 párrafo primero; numeral 3; artículo 37 inciso e) numeral 3; y párrafo tercero del Transitorio Vigésimo Tercero.

Nazario Norberto explicó que las comisiones dictaminadoras acordaron reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución local que establecen que quien presida el Tribunal Superior de Justicia permanezca en su encargo cuatro años; que el Consejo de la Judicatura se integre por seis consejeros de la siguiente manera: un magistrado o magistrada, dos juezas o jueces, dos consejeras o consejeros electos por este Congreso y un consejero designado por la Jefatura de Gobierno; que el presupuesto del Poder Judicial sea elaborado por el Consejo de la Judicatura y posteriormente remitido a la Jefatura de Gobierno; y que la y los integrantes del Consejo de la Judicatura, así como la persona que actualmente ocupa la Presidencia, concluyan su encargo hasta que concluya el periodo para el que fueron electos.

El dictamen se aprobó en lo general, con 59 votos a favor y cero en contra, con reservas a los artículos 35 y 23 transitorio de los diputados Jorge Gaviño Ambriz (PRD), Guillermo Lerdo de Tejada Servitje (PRI) y Eduardo Santillán Pérez (MORENA).

El diputado Jorge Gaviño, quien reservó los artículos 35 y 23 transitorio, se manifestó en contra de la reelección del magistrado presidente del TSJ, ya que consideró un exceso permanecer ocho años en este cargo, “no estamos de acuerdo con reelección alguna”.

Por su parte, el diputado Guillermo Lerdo de Tejada, quien reservó el artículo 35, se refirió al proceso de elaboración y aprobación del presupuesto del Poder Judicial, y propuso que el proyecto de presupuesto sea elaborado por el Consejo de la Judicatura y sometido a la aceptación del pleno del Tribunal Superior de Justicia.

Finalmente, el diputado Eduardo Santillán sugirió adicionar al artículo 35 que la persona que presida el Tribunal Superior de Justicia también presidirá el Consejo de la Judicatura, “lo que pretendemos con esto es darle unidad de dirección, de conducción al Tribunal, a efecto de que tanto la función jurisdiccional como la función administrativa o de vigilancia”.

Las tres reservas fueron aprobadas por el pleno, y posteriormente el dictamen se aprobó por unanimidad, con 52 votos a favor y cero en contra.