Sin presiones falsos debates aprueben los derechos de niñas, niños y adolescentes

Seis de cada 10 niñas, niños y adolescentes sufren castigos físico como métodos de educación, ocasionandoles daños psicológicos, sociales y económicos a lo largo de su vida.

El Estado Mexicano está obligado a garantizar que niñas, niños y adolescentes no sufran ninguna forma de discriminación o violencia porque tienen la misma equivalencia humana que las personas adultas.

México se sumará a los 58 países que legalmente han prohibido el castigo corporal, para desarrollar políticas públicas sobre nuevas pautas de crianza positiva en las familias.

Así como eliminar procedimientos discriminatorios que limitan el desarrollo de la personalidad de adolescentes de la diversidad sexual.

La cámara de Diputados debe de aprobar la iniciativa enviada por el Senado de la República en sus términos y a no dar marcha atrás en los altos estándares legislativos logrados desde el 2011 con la incorporación del Interés Superior de la Niñez en el Artículo 4o Constitucional y con la aprobación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; considerada del más alto nivel en el marco internacional.

Para REDIM es muy valioso el dictamen aprobado en comisiones del Congreso de la Ciudad de México sobre la conocida como “Ley Trans”, porque es una iniciativa que corrige un problema de discriminación institucional, pues colocar en la decisión de un juez "un asunto del libre desarrollo de la personalidad" es discriminatorio; al considerar a los niñas, niños y adolescentes como objeto de protección, invisibilizando su voz y afectando su proyecto de vida.

Lamentamos la supuesta existencia de un “debate entre miradas” porque lo que refleja es la existencia de un problema cultural del siglo pasado que sigue considerando a niñas, niños y adolescentes como objetos de propiedad familiar y sin equivalencia humana con las personas adultas.

Lo que permite justificar a la violencia como método de educación, y que ha tolerado que 8 de cada 10 abusos sexuales contra la niñez sucedan en silencio en las familias.

El Estado Mexicano está obligado a garantizar los derechos humanos sin injerencia de grupos religiosos, prejuicios discriminatorios o presión de grupos antiderechos humanos.

La evidencia científica internacional muestra que la discriminación y la violencia en la Infancia ocasionan profundos daños psicológicos, sociales y económicos a lo largo de su vida. Describen los efectos negativos a nivel neuronal, psico-afectivo y social que dejan este tipo de prácticas, aumentando la posibilidad de que en un futuro reproduzcan la violencia como método de convivencia entre pares, relaciones tóxicas y normalización de la violencia social.