Conatrib, por la independencia financiera poderes judiciales

El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, fue electo como presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) para el periodo 2019-2021, en cuya toma de posesión ofreció sinergia institucional con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para concretar la reforma constitucional que garantice la independencia financiera de los poderes judiciales locales.

En la sede del órgano judicial capitalino, donde el presidente saliente de la organización planteó que “sin justicia no hay democracia”, y luego de que la secretaria Sánchez Cordero tomó la protesta a la nueva mesa directiva de la Conatrib, el magistrado Guerra Álvarez también ofreció trabajar para que la organización alcance reconocimiento constitucional como actualmente lo tienen la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Asociación Nacional de Alcaldes.

Guerra Álvarez expresó que trabajará para refrendar la confianza que le brindaron los presidentes de los tribunales de justicia del país, y al esbozar los ejes de trabajo de la Presidencia de la Conatrib que a partir de hoy encabeza, y citó el esfuerzo para mejorar la operación del sistema penal acusatorio en colaboración con la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, afianzar y multiplicar los vínculos con instancia como la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en la tarea de la Conatrib para promover la inversión y el desarrollo nacional; con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en la tarea de consolidar instrumentos de análisis cuantitativo, censos y registros, que queden dotados de mejores mecanismos de seguridad y recaudación de datos, a fin de contar con información actualizada y confiable en los poderes judiciales.

Se refirió al reto de la implementación de la reforma en materia de justicia laboral, y para ello –puntualizó- se reforzarán los vínculos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la perspectiva de avanzar sustancialmente sobre lo que ya se ha trabajado; con la Secretaría de Relaciones Exteriores, abundó, se coadyuvará para fortalecer los foros y esquemas de cooperación procesal internacional.

Con la presencia de los presidentes y representantes de todos los tribunales superiores de justicia local del país, Guerra Álvarez hizo un llamamiento a todos los integrantes de la Conatrib para consolidar un solo proyecto a lo largo de las futuras administraciones.

“Lograr estos importantes propósitos demandarán un esfuerzo colectivo, incluyente y constante para generar las vinculaciones políticas necesarias. Para tal efecto, sé que estoy acompañado por las y los mejores presidentes”, expresó.

Con aplomo y gallardía, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, externó a la Conatrib su apoyo para llevar a buen puerto la Reforma Constitucional al Artículo 116, con el objetivo de dar garantías institucionales a la justicia local con los rubros de suficiencia presupuestal y autonomía en el ejercicio de sus recursos; carrera judicial; parámetros mínimos para la designación de jueces y magistrados, así como en el tema de inamovilidad en sus puestos.

La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se refirió a la necesidad de trabajar en conjunto para cambiar la percepción de la sociedad sobre el sistema de justicia, pues recordó que aun cuando las deficiencias se generen en otras instancias éstas impactan en el rubro de la impartición.

Valoró el valor intrínseco que representa el Poder Judicial en el país, haciendo un llamado al Ejecutivo federal a evitar tener injerencia en todos y cada uno de los ámbitos que obligan a este sector impartir justicia de manera imparcial.

A su vez, el magistrado Sergio Medina Peñaloza, pronunció un discurso para cerrar su ciclo al frente de la Conatrib, con el que subrayó que la organización tiene ya 15 años de enarbolar la voz de la justicia local, la cual, dijo, resuelve siete de cada 10 de los asuntos que se judicializan en el país.