Urge la autonomía financiera de los poderes judiciales

El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, enfatizó la necesidad de que los órganos judiciales cuenten con autonomía financiera, y al referirse al hecho de que la nueva Sala Constitucional se integre con magistrados con doble función, como se estableció por modificación legal del Congreso, es precisamente por un tema de presupuesto.

Al participar en la mesa Gobierno Judicial, en el marco de la XIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), recordó que se requerían mil millones de pesos para que el PJCDMX creara la citada Sala Constitucional, así como 22 juzgados de tutela.

Guerra Álvarez disertó en la mesa encabezada por ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, en la que se discutió sobre la naturaleza de los consejos de la judicatura como organismos de administración, vigilancia y disciplina de los poderes judiciales.

Refirió que hubiese sido un retroceso el hecho de que el Consejo Judicial Ciudadano se encargará de nombrar a los consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México, así como el impedimento de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia lo fuese también del Consejo, como lo estipulaba la Constitución capitalina, antes de que la SCJN invalidara esas disposiciones.

Subrayó que no se podían dejar esas decisiones a los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano, personajes con conocimientos, investigadores, pero sin experiencia jurisdiccional, y sobre todo sin la sensibilidad que da formar parte de la carrera judicial.

Aplaudo mucho, agregó, que no fue así por lo que hace la PJCDMX, en el que no interviene, en absoluto, el Consejo Judicial Ciudadano que actualmente se encarga del proceso para la designación de quien habrá de encabezar la Fiscalía General de Justicia.

Destacó la importancia, asimismo, de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México lo sea del Consejo de la Judicatura, ya que, por ende, esto hace posible que sea un personaje con experiencia jurisdiccional, lo que le permitirá velar por la función de los jueces.

El magistrado planteó que la actual conformación del Consejo de la Judicatura, vigente desde 1994, es válida no obstante que el Legislativo se encarga de nombrar a dos de sus integrantes y el Ejecutivo a uno.

Cuando se configura este órgano administrativo ya dentro del Poder Judicial, comentó, sus integrantes nombrados por el Ejecutivo y el Legislativo se vuelven independientes de quienes los designaron.

Ley Orgánica del Poder Judicial CDMX

En la víspera, en el Congreso de la Ciudad de México se ventiló esta reforma al Poder Judicial capitalino, generándose discusiones parlamentarias reflexivas para tener un ente que sea vigilado constantemente que evite evitar que haya jueces y magistrados que apliquen la justicia bajo consigna.

Si bien de hecho, el Congreso local aprobó la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la CDMX, el diputado Eduardo Santillán explicó al presentar el dictamen que esta ley dará viabilidad, armonizará las disposiciones constitucionales y establecerá el órgano garante de la constitucionalidad de la Ciudad de México

Por lo tanto, el pleno del Congreso capitalino aprobó por unanimidad el dictamen por el que se expide la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentado por las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Normatividad, Estudios y Práct icas Parlamentarias.

“La Ley Orgánica de la Sala Constitucional pretende darle viabilidad, armonizar las disposiciones constitucionales y establecer con ello nuestro órgano garante de la constitucionalidad de la Ciudad de México”, expuso el diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

El legislador de la fracción parlamentaria de MORENA recordó que la Constitución local señala que el primero de diciembre se deberá poner en marcha la Sala Constitucional del Poder Judicial, “como un paso fundamental para la justicia constitucional nacional y de la Ciudad de México”.

“Este será un momento trascendental para la Ciudad, porque a partir de ello esta capital contará con los instrumentos de control constitucional que van a garantizar que la Constitución tenga plena y absoluta vigencia, que sin lugar a dudas se convierte en un instrumento fundamental del Estado Democrático de Derecho de la capital”, aseguró.

Agregó que a través de esta ley se crea un mecanismo de control constitucional acorde a la política de austeridad. “Se establece la existencia de una Sala permanente, al mismo tiempo se instituye que las y los integrantes de la Sala Constitucional tendrán una doble jurisdicción, serán magistrados ordinarios en cada una de las salas, civiles, penales, familiares, de adolescentes, del Tribunal Superior de Justicia, y al mismo tiempo, podrán desempeñar la jurisdicción constitucional, lo que implica la creación de un órgano de control constitucional en una política de racionalidad y austeridad”.

Santillán adelantó que esta Ley tendrá una disposición complementaria, que será la legislación procedimental, que se expedirá antes del 1 de diciembre, “para que en esta fecha tan importante quede instalada la Sala Constitucional y, al mismo tiempo, se tenga un instrumento jurídico procedimental de avanzada”.

Consideró que con la aprobación de esta ley se da un paso importante para hacer realidad la vigencia de la Constitución. Entre los instrumentos de control constitucional que se harán efectivos con el funcionamiento de esta Sala, señaló las figuras de omisión legislativa -que podrá ser interpuesta por el 15 por ciento de las y los diputados integrantes del Congreso-, las controversias constitucionales, para garantizar el respeto irrestricto a las facultades competenciales de los diversos órganos de gobierno, y la acción de inconstitucionalidad, como un eje fundamental de la justicia constitucional.