deben establecer Juzgados de tutela en cada alcaldía

La diputada Yuriri Ayala Zúñiga presentó este martes una iniciativa para reformar los artículos 5 y 66 y derogar los numerales 67 a 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, a fin de que el Consejo de la Judicatura establezca al menos dos Juzgados de tutela en cada una de las 16 alcaldías, como forma de garantizar que toda la población cuente con un mecanismo para proteger sus derechos y libertades.

La legisladora, integrante del grupo parlamentario de MORENA, explicó que a través de estas modificaciones se busca cumplir con el artículo 36 de la Constitución local, en lo relativo a la configuración de los Juzgados de tutela como órganos jurisdiccionales de control constitucional, encargados de proteger y reparar las violaciones a los derechos fundamentales reconocidos en la ley.

“Los Juzgados de Tutela constituyen auténticos órganos jurisdiccionales encargados de conocer y sustanciar la acción de protección efectiva de derechos, es decir, salvaguardar aquellos principios, reglas, derechos y libertades que sean reconocidos por la Constitución local y que sean menoscabados o trasgredidos”, indicó.

Ayala Zúñiga expresó que dentro de las tareas fundamentales de los Juzgados de Tutela están proteger los derechos y libertades, así como reparar las transgresiones que se susciten tanto en el ámbito público como privado, “convirtiéndose en auténticos guardianes de los derechos subjetivos y también objetivos o difusos, reconocidos a nivel local, con lo cual se da estabilidad a nuestro sistema jurídico”.

“La Ciudad de México es una entidad federativa que promueve y protege los derechos fundamentales, por lo que estimamos necesario dotarla de los agentes jurisdiccionales óptimos para poder reparar las violaciones al conjunto de derechos y libertades, sea por parte de las autoridades o por parte de algunos particulares”, afirmó.

Al respecto, propuso que el Consejo de la Judicatura establezca al menos dos Juzgados de Tutela en cada una de las alcaldías, con el objetivo de garantizar que todas las personas cuenten con un mecanismo para proteger sus derechos y libertades.

La iniciativa se turnó para su análisis y dictaminación a las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.