Procesado pague medida con trabajo comunitario

Signaron el documento el presidente del órgano judicial capitalino, magistrado Rafael Guerra Álvarez, el alcalde Víctor Hugo Romo.

En el acto, el magistrado Guerra enfatizó que la imposición de penas aisladas resulta insuficiente si no se hace efectivo el derecho que tiene un procesado a la reinserción social.

El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, y el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, firmaron hoy un convenio de colaboración mediante el cual personas de esa demarcación procesadas penalmente y sujetas a medidas cautelares podrán cumplir con éstas mediante trabajo comunitario en el programa social La Empleadora.

En la sede del PJCDMX, el magistrado Guerra Álvarez enfatizó que es necesaria una transformación cultural para entender que la imposición de penas aisladas resulta insuficiente si no se hace efectivo el derecho que tiene un procesado a la reinserción social.

En tanto, el alcalde Romo destacó que, con la firma de este convenio se abre paso a que, por primera vez que la autoridad local se convierte en coadyuvante y colaborador del PJCDMX para el cumplimiento de las medidas cautelares por parte de personas sujetas a proceso, quienes harán trabajo comunitario.

Ante consejeros de la Judicatura local, magistrados del órgano judicial capitalino e integrantes del gabinete de la alcaldía, Guerra Álvarez insistió en que, a simple vista, la sola aplicación de una pena satisface por sí misma la pretensión social de saldar la deuda que tiene un sentenciado.

“El Estado de derecho no se restaura únicamente con penas, sino con un tejido institucional que nutra la gestión del gobierno, su vínculo social y su vocación civilizatoria”, planteó Guerra Álvarez, quien aseguró que de poco sirve una sanción si no se trabaja sobre el individuo.

Dijo que resulta necesaria la recuperación de espacios físicos en la ciudad marcados por la constante comisión de delitos, pero además restaurar la confianza de la ciudadanía que los habita, así como procurar la reinserción social de quienes afectaron su convivencia.

A su vez, el alcalde añadió que el convenio hará posible que los imputados cumplan las medidas cautelares por parte de las personas imputadas por un delito, y consideró que esta acción es de avanzada y progresista, ya que permitirá una readaptación social efectiva que no quede solamente en el discurso.

“Reconozco al Poder Judicial; es un gran paso para aquellos que de alguna u otra forma los vincula a todo lo negativo, y creo que el despertar de un nuevo régimen jurídico social implica cómo hacer que ellos que ya pagaron lo paguen bien y le den a su sociedad de manera correcta”, abundó.

Explicó que la alcaldía tiene un programa, denominado La Empleadora, que permite que unos ocho mil habitantes de Miguel Hidalgo, mujeres y hombres, hagan trabajos comunitarios relacionados con prevención del delito y prevención de adicciones, y que es en el que los imputados sujetos a medidas cautelares podrían cumplir con éstas.

En su oportunidad, el director Ejecutivo de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del PJCDMX, Moisés Prats Villers, consideró que le documento firmado significa el involucramiento y sinergia entre cada uno de los poderes políticos de la capital, con el objetivo de lograr una justicia penal con un alto grado de compromiso con la sociedad y con los mecanismos que el Estado ha establecido para dirimir sus conflictos.

En el acto se subrayó el convenio plantea que aquellas personas de Miguel Hidalgo sujetas a proceso penal y bajo medidas cautelares tengan la oportunidad de cumplir con lo ordenado por un juez ejerciendo una actividad enmarcada en el catálogo de funciones del servicio público en materia de salud, canalización a bolsa de trabajo, apoyo para concluir estudios de nivel básico, así como capacitación técnica para aprender un arte u oficio.