Fortalecer andamiaje jurídico en la defensa de las mujeres

Se debe de reformar el Código Penal, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Salud, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, la Ley de Operación e Innovación Digital, con el propósito de fortalecer el andamiaje jurídico en la defensa de las mujeres.

A través de estas reformas legislativas, desde el Congreso de la Ciudad de México se pretende atender todas las acciones necesarias para eliminar cualquier forma de violencia en contra de la mujer.

De acuerdo con el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, encargado de presentar la iniciativa ante el pleno de sesiones, entre las reformas al Código Penal se encuentran: que todos los casos de violencia familiar serán analizados a partir del enfoque de género, diferencial y de derechos humanos, conforme a los cuales se garantice la protección más amplia a las personas receptoras de la violencia familiar.

Algunas de las modificaciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia son: que la Secretaría de las Mujeres será la encargada de coordinar con la Agencia Digital de Innovación Pública la gestión, recolección y actualización de la información derivada de los registros administrativos de la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión de Víctimas y la Secretaría de Inclusión y bienestar Social.

Además, coordinará la información de la Red de Información de Violencia Contra Mujeres, niñas o adolescentes generada por entidades, dependencias, que fungen como autoridades de primer contacto y aquellas que tengan relación con las personas receptoras de violencia a partir de registros administrativos.

La iniciativa está suscrita por las diputadas Guadalupe Aguilar Solache, Guadalupe Morales, Lourdes Paz, Esperanza Villalobos, Leticia Estrada, Isabela Rosales, Yuriri Ayala, Leticia Varela; los diputados Temístocles Villanueva, Jesús Ricardo Fuentes, Emmanuel Vargas y Miguel Ángel Macedo Escartín, así como la legisladora del PT, Leonor Gómez Otegui. Esta iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género.

En el desarrollo de la sesión ordinaria de este martes, el diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, presentó la iniciativa para expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante la cual se pretende construir una institución fuerte, regresar la confianza a la ciudadanía en las instituciones encargadas de la procuración de justicia, disminuir la incidencia delictiva, proteger y procurar la asistencia a la víctima u ofendido, incluso combatir la corrupción en la dependencia

“Se ha acusado a la Procuraduría de ser omisa y tener falta de compromiso contra la impunidad, por eso es fundamental una Ley Orgánica. Esta iniciativa no sólo se refiere a la posibilidad de revisar los alcances, busca fortalecer la autonomía de la Fiscalía”, dijo presentar la propuesta.

El legislador explicó que las facultades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México están contempladas en la Carta Magna local. La iniciativa lo que propone es tener elementos de coordinación entre la seguridad pública, la procuración de justicia, prevención del delito, participación ciudadana, atención a las víctimas y ofendidos, atendiendo los derechos humanos en todo momento de la actuación ministerial.

Cuenta además con indicadores de seguimiento desde la recepción de la denuncia hasta las sentencias condenatorias.

En el articulado de la iniciativa también se indica que a partir de su nombramiento, la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contará con un plazo de un año para definir la estrategia de implementación de la transición; el periodo para llevar a cabo todo este proceso será de tres años.

Además, la persona titular integrará una Unidad de Implementación del Proceso de Transición, la cual estará integrada por personas que cuenten con experiencia y conocimiento en gestión de instituciones públicas o privadas. Esta Unidad deberá generar esquemas de coordinación para el traslado y liquidación de recursos humanos, materiales y financieros. Se extinguirá al cabo de cuatro años a partir de iniciado el proceso de transición a la Fiscalía.

De la misma manera, la persona titular de la Fiscalía General de Justicia, en el plazo de seis meses a partir de que tome posesión, creará una Unidad de Liquidación de Casos y Abatimiento al Rezago, que se encargará de diseñar un plan para que, en un plazo máximo de 12 meses a partir de su creación, se abata el rezago de las averiguaciones previas y procesos del sistema tradicional, así como de las carpetas de investigación que tengan más de dos años sin ser concluidas. Esta unidad se extinguirá al cabo de dos años a partir de su creación.