Deuda pendiente con zona Oriente Ciudad de México

Actualmente existe una deuda pendiente con la zona oriente de la Ciudad de México, que se utiliza como reserva y semillero de votos, ya que representa el mayor distrito electoral del país.

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria precisó que el Estado debe proveer de mayores servicios de agua, educativos, de salud, seguridad y de procuración de justicia para dicha zona del país.

Aseguró que esta región “se ha desarrollado y autoconstruido a partir del esfuerzo de su gente”. Con el tiempo, precisó, fue generando modelos de autogestión, y eso derivó en una presencia social y política de la mayor importancia.

Durante el foro “Una mirada al oriente y alternativas de solución”, el legislador, especialistas y organizaciones sociales, analizaron las diferentes acciones que permitan generar mayor bienestar para sus habitantes.

Refirió que en 50 años se generó un crecimiento extraordinario de la población, pasando de 60 mil habitantes en 1950 a 2 millones para el 2000. Ello, explicó, consecuencia de distintos disparadores, en su mayoría electorales. “Ninguna zona del país creció a ese ritmo y con esa fuerza”, aseguró.

Desde el Senado debemos insistir al Gobierno de la Ciudad, que se generen los espacios de diálogo que sumen esfuerzos propositivos para crear un modelo y diseño de ciudad que brinde una buena calidad de vida a la gente, “porque no se puede aceptar la desigualdad como un modelo de vida”, concluyó.

Entre las organizaciones, estuvieron representantes del Consejo Popular Ciudadano; la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales y Grupo Gante 15, quienes coincidieron que esta zona del país tiene rezagos de infraestructura, salud, seguridad y educación, por lo que solicitaron que se impulsen proyectos para generar una mejor calidad de vida en la región.

El catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Roberto Eibenschutz Hartman, presentó un proyecto de desarrollo regional para la zona oriente de la Ciudad de México.

Expresó que no existen los espacios normativos para que se generen los proyectos de mejora, donde se incluya a todas las personas que viven en la zona de impacto. “Hemos enfrentado la resistencia de un sistema que camina en una dirección distinta a los proyectos de desarrollo urbano”, puntualizó.