Obligación Poder Judicial de publicar las sentencias

El Congreso de la Unión debe reformar el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establece que los sujetos obligados del Poder Judicial federal y local, así como las entidades federativas pongan a disposición del público las versiones de todas las sentencias.

La diputada Valentina Batres Guadarrama, del grupo parlamentario de MORENA, indicó que en México, con la reforma constitucional del año 2014 en materia de transparencia, se buscó establecer los mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la información pública.

También recordó que en mayo de 2015 entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, “sin embargo, contrario a lo que se esperaba, representó un retroceso, ya que se acotó la obligación del Poder Judicial de publicar todas las sentencias que hayan causado estado, para publicar únicamente las que la propia institución considere de interés público”.

Batres Guadarrama informó que la Red de la Ciudadanía por la Justicia, colectivo integrado por 14 organizaciones de la sociedad civil, realizaron un análisis de 110 resoluciones provenientes de 8 entidades federativas.

Dentro de los resultados obtenidos, en algunas resoluciones analizadas estaban plasmadas frases que reproducen estereotipos de género; en 69 por ciento de los casos se omitió analizar las situaciones de riesgo de violencia y no se dictaron órdenes de protección. “situación por la que es importante conocer el comportamiento de quienes está en sus manos juzgar”.

También informó que 79 por ciento de las sentencias no hacen uso de las normas de protección de derechos humanos, y 86 por ciento de las resoluciones, no dictan medidas de reparación de daños, por ello, “considero que para las personas juzgadoras, impartir justicia con perspectiva de género, igualdad y no discriminación, no es opcional, es una obligación constitucional, que incluso tiene fundamento en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

“Esta iniciativa contribuirá en eliminar la impunidad, ya que si la ciudadanía no tiene acceso a las sentencias, no se podrá evaluar la forma en que se imparte justicia y no podremos saber si las sentenci

que se emiten protegen los derechos humanos establecidos en tratados internacionales. Sin transparencia no hay rendición de cuentas y no hay garantía de acceso a la justicia”, concluyó la legisladora.