Modificación Código Penal en materia de corrupción y sanciones a empresas

“Nos enfrentamos a un paradigma respecto al tratamiento de la responsabilidad penal para los entes colectivos ubicándolos en un orden internacional, que de forma progresiva ha establecido excepciones al principio de que las personas morales no podían ser plenamente responsables”: diputada Valentina Batres

El diputado Pablo Montes de Oca plantea ampliar de tres a 20 años las sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios que cometan actos de corrupción

El diputado Fernando Aboitiz presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la PAOT

Para actualizar la legislación actual en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas o morales, en relación al establecimiento de un adecuado catálogo de delitos aplicables a estas entidades económicas, la diputada de MORENA, Valentina Batres Guadarrama, presentó una iniciativa para modificar el Código Penal en esta materia.

“Nos enfrentamos a un paradigma respecto al tratamiento de la responsabilidad penal para los entes colectivos ubicándolos en un orden internacional, que de forma progresiva ha establecido excepciones al principio tradicional relativo a que las personas morales no podían ser plenamente responsables”, señaló.

La presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México dijo que esta evolución en el Derecho Penal Económico ha permeado en los nuevos criterios normativos que regulan la responsabilidad de las personas jurídicas en el Derecho Penal Mexicano.

Agregó que el párrafo sexto del Artículo 421 del Código Penal estipula que las personas jurídicas serán responsables únicamente de los delitos previstos en el catálogo dispuesto en la Ley Penal de la Federación y de las entidades federativas.

“De esta forma se estableció la obligación expresa de incorporar un catálogo de delitos que incorpore tipos penales por los que se les podrá fincar responsabilidad penal a las empresas”, abundó.

Esta iniciativa, turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue suscrita por las y los diputados de MORENA, Martín Padilla Sánchez, Lilia Rossbach Suárez, Marisela Zúñiga Cerón, Carlos Hernández Mirón; y por el PT, el diputado Jesús Martín del Campo.

En otro tema, el diputado Pablo Montes de Oca, del grupo parlamentario del PAN, propuso ampliar de tres a 20 años las sanciones de destitución e inhabilitación a quienes dentro de la administración pública cometan actos de corrupción.

Durante la sesión de este martes, el legislador Montes de Oca, añadió que según la legislación anterior contemplada en el Código Penal de la capital, se castigaba de uno a 20 años de destitución e inhabilitación a quien desempeñe empleo, cargo público, o de elección popular y cometa actos de corrupción, por lo que la modificación contempla que ahora sea de tres a 20 años.

“Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, y deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita”.

El punto se turnó a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Procuración de Justicia del Congreso de la CDMX.

Por su parte, el diputado Fernando Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la capital para imponer de tres a nueve años de prisión y de mil a 5 mil días de multa al servidor público que por actos u omisiones incumpla sin causa justificada las recomendaciones emitidas por la PAOT.

El legislador reconoció que, en su momento, a la PAOT no se le otorgaron facultades coactivas, para imponer sus determinaciones tanto a particulares como a las autoridades. “La intención de la PAOT se limitó a recibir quejas y denuncias, realizar verificaciones, resolver los problemas suscitados a través de la conciliación, y en su caso, emitir recomendaciones por incumplimientos a la legislación ambiental”, dijo.