No queremos una Fiscalía aislada del sistema jurídico

El modelo de nueva Fiscalía busca poner a la víctima como centro del sistema, fortalecer los ministerios públicos virtuales; desaparecer del proceso la “ratificación de denuncias”, atención de calidad y consultas de avances en tiempo real

Las y los legisladores integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local coincidieron plenamente con la Comisión Técnica para la Transición de la Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General de la Ciudad de México en la necesidad de acompañar este proceso con una ley para su implementación adecuada, coordinación institucional y recursos presupuestales suficientes.

“Tenemos una propuesta de modelo, ahora corresponde al Congreso hacer una ley adecuada que responda a lo planteado; que de cuerpo al espíritu que ya tenemos de lo que será la Fiscalía”, expresó el diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

El legislador del grupo parlamentario de MORENA destacó la necesidad de que la nueva Fiscalía tenga una altísima coordinación con las instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, “que forme parte de un sistema integral y coordinado. No queremos una Fiscalía aislada del sistema jurídico de la ciudad”.

Señaló como una gran área de oportunidad “el ánimo, la disposición y la voluntad política” que hay en todas las áreas de gobierno para esta transición, ya que no existen resistencias de ninguna institución para la implementación del nuevo sistema.

El diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, de la fracción parlamentaria del PRI, reconoció el trabajo profesional de la Comisión de Transición, señaló que el modelo propuesto le parece acertado y cuestionó que se puede hacer desde el Congreso para acompañar el proceso de transición.

En su intervención, sugirió que esta Comisión de Transición continúe sus labores una vez instalada la Fiscalía, como un mecanismo de seguimiento, y que se asigne el presupuesto suficiente a los trabajos de transición. “Me entusiasma la oportunidad que tiene la ciudad de darle un vuelco a la procuración de justicia, aunque me asusta el enorme reto”.

El legislador planteó definir un presupuesto mínimo exclusivo para la transición, independiente de los recursos necesarios para el funcionamiento de la institución, dentro del ejercicio presupuestal 2020.

El diputado Diego Garrido López, del grupo parlamentario del PAN, consideró acertado haber iniciado las labores ubicando las deficiencias de la Procuraduría, “es un avance significativo”.

Solicitó establecer la ruta crítica y calendario para continuar la transición, y adelantó que el PAN presentará una iniciativa para implementar el modelo de Fiscalía.

El diputado Alberto Martínez Urincho, de MORENA, expresó que es importante explorar el andamiaje jurídico y la línea para la vinculación de la Fiscalía con las diversas policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para combatir conjuntamente la incidencia delictiva y aprovechar los casi 80 mil elementos de estas corporaciones.

Recordó que la Comisión de Transición y legisladores del Congreso capitalino han visitado las Fiscalías de Querétaro y Chihuahua para conocer su funcionamiento, y que sus titulares tienen mayores facultades de investigación y una amplia vinculación con las instancias de seguridad.

La diputada Jannete Guerrero Maya, del PT, compartió el punto de vista de los legisladores que la antecedieron, y propuso atención especializada para víctimas e infractores que pertenezcan a grupos

“Para que esta ley salga fortalecida se requiere el mayor apoyo de todos los sectores de la sociedad”, indicó.

El diputado Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, aseguró que coincide en 99 por ciento con el diagnóstico presentado, pero no con las causas planteadas del deterioro institucional, que según el modelo expuesto provienen de un modelo autoritario y no aceptó que ésta sea la causa única. “Hoy más que nunca el Ejecutivo es autoritario, y si ésta es la causa, el efecto va a ser el mismo”.

Coincidió también en que aterrizar este nuevo modelo será complicado y requerirá muchos recursos, por lo que sugirió que la iniciativa de ley para la implementación del sistema sea única, consensada entre todos los grupos parlamentarios y con los integrantes de la Comisión de Transición como asesores del Congreso local para su diseño.

La diputada Leticia Estrada Hernández (MORENA) reiteró que es necesario que la Comisión de Transición “siga supervisando y aterrizando” el modelo propuesto.

Resaltó el papel de los peritos para acabar con la corrupción y “evitar que los casos se caigan” y salgan libres los responsables, con el establecimiento de sanciones para irregularidades en su labor.

“Que la ciudadanía pueda palpar realmente la transición, que está dando resultados”, solicitó el diputado Carlos Hernández Mirón (MORENA), y planteó que se precisen claramente los presupuestos para la transición y para la operación, así como la ruta para la transición y los recursos necesarios, bajo la propuesta de la Comisión de Transición.

Por parte de la Comisión de Transición de la Fiscalía, Layda Negrete Sansores, expuso el modelo de Fiscalía que se busca implementar, en cuyas líneas destaca el poner a la víctima como centro del sistema, fortalecer los ministerios públicos virtuales y la atención telefónica, la desaparición del proceso de “ratificación de denuncias”, con atención de calidad y la posibilidad de consultar los avances en tiempo real.

Adelantó que se busca lograr que las denuncias se presenten en sólo 15 minutos y que haya puntual seguimiento a éstas, con atención de calidad e integral a víctimas y testigos.

Asimismo, señaló como fundamental la profesionalización de la institución, control interno adecuado para evitar la corrupción sistémica y criterios correctos para elegir los casos a los que se dará prioridad para su investigación.

Informó que en la actualidad existen 72 coordinaciones territoriales de la PGJDF, “que reciben denuncias, pero no investigan” y que la propuesta es cambiar a 20 oficinas regionales, especializadas en investigación y con todos los servicios, y que las 52 restantes operen como oficinas para recibir denuncias y canalizarlas para su atención.

Por su parte, Ana Laura Magaloni Kerpel, académica del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) e integrante de la Comisión Técnica dijo que la Transición de Procuraduría a Fiscalía en la Ciudad de México es una “ventana de oportunidad”, que permite una transición gradual, evaluación del personal y múltiples ventajas que no habrá en otro momento, por lo que se requiere trazar la ruta correcta.

“Imaginemos juntos cuál puede ser el mejor proceso para bajar esta ley”, sugirió a las y los legisladores capitalinos, al proponer la participación de especialistas en todas las áreas que den la fuerza necesaria a esta institución, “que ahora está muy mal”.