Agentes del MP, peritos y policías a reincorporados ante despido injustificado

En caso de que sea injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación laboral de agentes del Ministerio Público (MP), peritos e integrantes de las instituciones policiales de la Federación, tras una sentencia jurisdicional, el Estado estará obligado a pagar la indemnización y prestaciones a las que tenga derecho el trabajador, pero también a reincorporarlo en el cargo que ocupaba antes de ser despedido.

La actual normatividad no contempla la reincorporación, y en pro del derecho a la estabilidad laboral, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, del Grupo Parlamentario de Morena, propuso una reforma al artículo 123, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual será analizada y dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas para, en su caso, ser remitida al Congreso de la Unión.

“Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado, en todos los casos, deberá proceder a la reincorporación al servicio en el cargo que ocupaba el personal antes de ser despedido, garantizando su derecho a la estabilidad en el empleo”, puntualizó.

La legisladora de Morena destacó, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la progresividad de los derechos humanos y la obligación del Estado mexicano de garantizar la estabilidad de los trabajadores en sus empleos y apegarse a los tratados internacionales que ha suscrito, respetando en todo momento el principio de pro persona que está fundamentado desde 2011 en dichos ordenamientos

“Es por ello que la presente iniciativa busca analizar si la restricción al derecho a la estabilidad en el empleo, prevista en el artículo 123, fracción XIII, de la la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que hace a los agentes del Ministerio Público, peritos e integrantes de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y municipios, tiene un fin constitucional y convencionalmente válido”, precisó.