Esclarezcan las ejecuciones extrajudiciales en Tamaulipas

La senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, propuso una observación al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por la ejecución extrajudicial de ocho ciudadanos el 5 de septiembre, y propone a la Fiscalía General de la República atraiga el caso para que investigue a fondo y deslinde responsabilidades.

En Tamaulipas, desde el año 2016 la tasa de índices delictivos aumentó de manera considerable; de acuerdo con datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2016 a 2017 la tasa se elevó de 16.60 a 22.11.

Actualmente el estado de Tamaulipas es una de las entidades federativas más violentas del país, el clima en las diversas regiones del estado es de incertidumbre e impunidad, muchos son los actores que perpetúan prácticas dañinas hacia la población, y, lamentablemente, no hemos podido observar una disminución en la tendencia de violencia sobre las y los tamaulipecos.

En este contexto, señaló que el pasado 5 de septiembre las autoridades locales informaron que policías estatales se enfrentaron con presuntos delincuentes en un domicilio ubicado en Nuevo Laredo, donde aseguraron una camioneta blindada y varias armas de fuego, y el supuesto enfrentamiento derivó en la ejecución de cinco hombres y tres mujeres, quienes fueron encontrados con vestimenta militar y portando armas de fuego.

Sin embargo, sostuvo la senadora por Tamaulipas, testigos y organizaciones dedicadas a la protección de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunciaron y presentaron pruebas para demostrar que dicha ejecución fue arbitraria y extrajudicial, que no fue el resultado de un operativo contra algún grupo delincuencial sino un montaje en el que se simuló un enfrentamiento.

Asimismo, continuó que sobrevivientes a los hechos, familiares de las presuntas víctimas y el Comité de Derechos Humanos sostienen que las personas fueron sacadas de sus casas y llevadas al domicilio donde fueron ejecutadas presuntamente por ocho agentes estatales, a la vez que afirman que tres de las víctimas dieron negativo en la prueba de rodizonato y que cuatro de las armas encontradas no habían sido accionadas.

La legisladora dijo que, actualmente, el caso es investigado por la Procuraduría General de la Justicia de Tamaulipas, el daño que podría traer un montaje de esta naturaleza no puede ni debe escapar a instancias

federales; “es obligación de esta administración la pronta resolución y aplicación de justicia en esta triste situación; es nuestra responsabilidad alzar la voz y ser el vehículo para que los ciudadanos se acerquen a la justicia”.

“Es inadmisible encontrarnos ante un probable caso de ejecución extrajudicial. Es deber de todas las autoridades coadyuvar en el esclarecimiento de crímenes de esta naturaleza, además de hacer valer la justicia. No podemos dejar impunes violaciones a los derechos humanos y a la dignidad de nuestra gente, por tanto, debemos llevarlo hasta sus últimas consecuencias”, concluyó.