Municipalizar servicio grúas

La iniciativa de los diputados Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, Liliana Gollas Trejo y Faustino de la Cruz Pérez, del Grupo Parlamentario de morena, para que los municipios puedan proveer el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículo se analizará con expertos y con las secretarías de Movilidad y Finanzas, además de analizar la viabilidad de conjuntarla con una iniciativa del PAN para que el pago de la grúa no sea más elevado que la multa.

En sesión de las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Legislación y Administración Municipal de la 60 Legislatura, presidida por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM), los diputados Margarito González Morales y María Elizabeth Millán García, de morena; Marlon Martínez Martínez, del PRI; Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, del PAN, y María de Lourdes Garay Casillas, del PES, enriquecieron la iniciativa y subrayaron su intención de fortalecer el combate a la corrupción al abrir las concesiones a los municipios y quitar la exclusividad de la prestación del servicio a la Secretaría de Movilidad.

Entre las inquietudes manifestadas por los legisladores destacaron la factibilidad de los municipios para otorgar el servicio, ya que inicialmente tendrían que invertir en las grúas y, consecuentemente, en su mantenimiento, por lo que los ayuntamientos que no tuvieran los recursos terminarían igualmente concesionando el servicio.

Los legisladores también subrayaron la necesidad de establecer en el Código Financiero del Estado de México los tabuladores de costos máximos y mínimos para el servicio de grúa, arrastre y depósito de vehículos, además de que la ciudadanía pueda elegir, con base en su preferencia y economía, el servicio de los ayuntamientos o de empresas particulares para remolcar sus unidades.

La diputada María de Lourdes Garay (PES) propuso poner fin a las concesiones que hay en la entidad para el servicio de grúas y lanzar una licitación abierta, auditar a las concesionarias actuales, sancionar a los servidores públicos que abusen de su función en la prestación del servicio y revisar el tiempo máximo de los vehículos en los corralones para valorar si son tratados como chatarra