Buscar reducir al máximo riesgo desastre natural

Con la finalidad de reducir al máximo los riesgos para desastres futuros y generar instrumentos legislativos que permitan a la autoridad contar con facultades necesarias para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

La diputada Esperanza Villalobos Ramos presentó un proyecto de decreto que reforma la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México.

Ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, la integrante del Grupo Parlamentario de Morena indicó que es necesario reformar y adicionar los artículos 36 bis y 36 ter de la citada ley, para tener una debida protección de los ciudadanos que son afectados por desastres naturales, como lo ocurrido en septiembre de 2017.

Aseguró que actualmente la ley establece que habrá dos tipos de reconstrucción: viviendas unifamiliares y multifamiliares, sin embargo, dijo, dentro de la falla estructural que derivo en los daños causados por el sismo, se encuentran aquellos que por el movimiento telúrico sufrieron además otras afectaciones y están asentados sobre terreno de transición o grieta, lo cual merece total atención.

Derivado de lo anterior, Villalobos Ramos puntualizó que es necesario declarar que los suelos determinados por los estudios técnicos realizados, como no habitables por las grietas o fallas tectónicas, no puedan ser utilizados en el futuro para albergar vivienda en cualquiera de sus modalidades para evitar generar un riesgo a las personas.

“Se vuelve necesaria e imperativa la reforma, pues la resiliencia de la Ciudad está garantizada por la Constitución Política de la Ciudad de México, por los acuerdos suscritos del protocolo de Sendai para la reducción del riesgo de desastres del cual el Estado Mexicano es parte”.

Asimismo, dijo que es urgente impedir el asentamiento humano en esas zonas de riesgo detectadas a partir del sismo de 2017, y establecer sanciones a quienes aun sabiendo que existe el riesgo mencionado, realicen acciones contrarias a la seguridad de las personas.

“Lo que se propone es que una vez reubicados los antiguos habitantes, estos sitios sean declarados como zonas de valor ambiental, las implicaciones que se tienen con esta medida son amplias, ya que los terrenos no pueden ser utilizados en un futuro como construcción”.

Por último, manifestó que la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México genera derechos a los ciudadanos y no privilegios a un grupo, además de que no re victimiza a los afectados, no los convierte en damnificados a deudores y no se limitan los apoyos y capacidad de pago de los beneficiarios.