Crear el Instituto de Planeación Democrática de la CDMX para evitar políticas públicas fallidas

Es necesario contar con la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Perspectivas de la ciudad de México, mediante la cual se garantiza que las políticas públicas, los programas y los proyectos de gobierno cumplan con el propósito original de generar bienestar a la población.

El coordinador del PRD en el Congreso de la CDMX, y el diputado del PAN, Federico Doring Casar, presentarán hoy ante el pleno dicha iniciativa, necesaria para bien de la ciudadanía.

Recordaron que de acuerdo a la Constitución de la Ciudad de México, se debe de contar con un sistema de planeación que sea transversal a la administración pública y vinculante con diversas unidades del gasto, ya que además esta Ley no afecta o contraviene derecho alguno, ni atenta contra la perspectiva de género.

Lobo Román consideró que una prioridad de esta nueva unidad administrativa (Instituto de Planeación Democrática y Perspectivas de la CDMX), será encargarse de los trabajos y políticas vinculantes en materia de sistema de planeación, que tenga una amplia visión de administración y que su operación sea efectiva en coordinación con diversos sectores encargados de apoyar el desarrollo sustentable y sostenible de la ciudad de México.

Dijo que la Constitución local en su artículo 10 reconoce el derecho al desarrollo sustentable, el cual define como el derecho a participar en un desarrollo económico, social cultural y político en el que puedan realizarse todos los derechos humanos y libertades fundamentales. “Es de gran relevancia que nuestra Constitución reconozca el derecho a la buena administración”, subrayó.

Asimismo indico que la nueva ley de Planeación Democrática y Perspectivas de la ciudad de México resuelve una de las principales demandas de los capitalinos y que se refiere a reordenar el espacio público, el respeto al uso de suelo y la preservación de un medio ambiente sano que permita el pleno ejercicio y goce de los derechos tutelados en la constitución local.

“Esta iniciativa da prioridad a la evaluación y el seguimiento, debido a que es de gran importancia para el propio proceso de planeación, contar con indicadores para garantizar que las políticas públicas, los programas y los proyectos de gobierno, están cumpliendo con su propósito, dando la posibilidad de cambiar o detectar lo que no funciona y en su caso generar nuevas estrategias”, insistió.

Para fines de la planeación financiera, dijo, el artículo 15 constitucional da un peso específico a la evaluación externa para que este proceso concluya el círculo de la ejecución revisando resultados y al mismo tiempo evaluando la continuidad o el cambio de las acciones de gobierno.