Fortalecer las medidas a combatir la violencia

El Pleno de la Permanente aprobó en votación económica un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, con miras a reforzar las medidas para erradicar inseguridad y violencia.

El dictamen manifiesta que la seguridad pública es un derecho fundamental de los individuos, en la medida que permite salvaguardar su integridad y patrimonio.

A la vez, representa un factor clave para la sociedad en su conjunto al garantizar el orden y la tranquilidad, además de sentar las bases para las inversiones, el crecimiento económico, el progreso y el bienestar de las familias.

Ante este panorama, la proposición pide a dicha Secretaría que en el ámbito de sus atribuciones, refuerce las acciones para salvaguardar la vida, libertad, integridad y pleno ejercicio de los derechos de las personas. Igualmente, señala que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar este derecho fundamental a toda la población.

El texto referido insiste en la necesidad de fortalecer la capacidad y la integridad del sistema de procuración e impartición de justicia para investigar, perseguir y procesar de manera efectiva todos los delitos y proporcionar salvaguardas para asegurar que a las víctimas les sea reparado integralmente el daño sufrido.

Añade, también, que es necesario mejorar los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y locales, y que la Secretaría de Hacienda analice la viabilidad de reasignar de recursos en esta materia.

Al respecto, la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del PAN, pidió a dicha Secretaría que en el presupuesto para el próximo año se refuercen los recursos para la seguridad en el país. Destacó la necesidad de unir esfuerzos y voluntades para atender y fortalecer a los municipios, a efecto de construir, desde este orden de gobierno, la seguridad. De lo contrario, señaló, será imposible disminuir los índices de criminalidad.

La senadora Beatriz Paredes, del PRI, por su parte, se dijo sorprendida por las expresiones de “una alta autoridad” del Gobierno Federal que dialoga “con personajes del crimen organizado porque desean retornar a la paz”. Cuando menos, expresó, son asombrosas, sino queremos calificarlas de otra manera. Es indispensable que la sociedad mexicana conozca si es verdad y hasta dónde se pretende llegar.

Consideró esencial que se tenga claro cuál es la estrategia del Gobierno de la República en torno a la muy difícil problemática del crimen organizado. Preguntó cuál es el manejo que se dará a la relación de la autoridad con el crimen organizado, y recordó que el imperio de la ley señala que sólo hay una manera: dentro del Estado de derecho.

De Morena, el senador Miguel Ángel Navarro Quintero pidió confianza para la Secretaría de Gobernación. Dijo que el subsecretario de esa dependencia aclaró que no se ha tenido reuniones con grupos delincuenciales, sino con ciudadanos que, en diversas partes del país, se encuentran armados como una alternativa para su salvaguarda ante la situación de violencia en algunas regiones.

En su turno, el senador Manuel Añorve Baños, del PRI, señaló que no se debe politizar un problema tan complejo como el de la seguridad pública, ni sacar “raja política”. Sin embargo, comentó, como legisladores tenemos la obligación de pedir la rendición de cuentas e información respecto de las declaraciones de la secretaria de Gobernación.

A su vez, la senadora Imelda Castro, de Morena, aseguró que el problema de la violencia e inseguridad se debe a que en sexenios pasados el Estado renunció a su deber y se retiró para que la delincuencia se hiciera dueña de cada pedazo del territorio nacional. Por eso surgieron las autodefensas. Hoy el Gobierno Federal trata de resolver este grave problema.

Finalmente, el senador Damián Zepeda Vidales, del PAN, advirtió que es un delito tener diálogos con personas que tengan vínculos con la delincuencia. “Irte a sentar con delincuentes, si lo están haciendo, no sólo es grave moralmente, sino es ilegal”.

Dijo que si quieren hacer un planteamiento de amnistía, deben presentar la ley al Congreso. Ahí, precisó, estarán los términos y condiciones para establecer un proceso de transición.