PESQUISA POLÍTICA

El nivel de impunidad en la Ciudad de México es muy alta y existe una tasa de delitos que no se denuncian porque la ciudadanía ya no le tiene confianza a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).

Son pocas las probabilidades de esclarecer un delito, desde que se denuncia hasta que hay una sentencia, y como muestra basta la violación que cometieron cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), contra una joven de 17 años en la delegación Azcapotzalco.

El propio titular de la SSC, Jesús Orta, cínicamente, aseguró que los seis policías, supuestamente responsables de la violación de la menor de edad, solo fueron suspendidos de sus labores, no cuentan con imputación directa en la supuesta agresión sexual que se denunció.

Existen pruebas que la joven y su familia se presentaron a denunciar los hechos, pero ante la fuga de información sus vidas corren peligro, en ocasiones son amenazadas, telefónicamente, o van hasta donde viven, de muerte para que no sigan con el caso.

Tan es verdad que se presentaron a denunciar que gente de la misma PGJCDMX, reveló información de la víctima, pero para el funcionario de policía Jesús Orta, se debe de hacer imputación directa.

El delito de amenazas protege la libertad del individuo en el proceso de formación de su voluntad, algo que es de suma importancia para el ser humano, puesto que su libertad reside en el ejercicio de dos facultades: la inteligencia y la voluntad.

Esta figura está cuadrada en los delitos contra la libertad, está tipificado en el artículo 169 a 171 del Código Penal de la siguiente forma:

El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, y contra la integridad moral, y el orden socioeconómico, serán castigados.

Pero desgraciadamente nuestras autoridades no se ocupan de cumplir con esa ley, por ello muchas de las ocasiones, las víctimas no denuncian o no siguen con el proceso, como está sucediendo con las joven de 17 años de edad.

Asegura Jesús Orta que la determinación que se tomó por parte del Consejo de Honor y Justicia fue la suspensión con el fin de facilitar la investigación tanto la que lleva Asuntos Internos, pero sobre todo la que lleva la Procuraduría que es la que trae una causa penal, entonces no están en calidad de imputados eso hay que decirlo.

Y la PGJCDMX, tiene que sujetarse a lo que otras instancias le dicten, que no es una dependencia para hacer justicia y castigar a la gente que comete un delito.

Orta Martínez, señala que un mando de la policía llegó acompañado por otro, pero a supervisar acudió paramédicos del ERUM y atendieron la emergencia.

Esa es otra prueba que si cometieron un delito, pero como son policías se les debe de proteger.