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El GPPAN reprueba la actitud confiscatoria de los Alcaldes de MORENA y anticipó su voto en contra de iniciativas que atenten contra la propiedad privada y que su único fin sea apropiarse de los bienes sin justificación jurídica.

Lo anterior luego de los Alcaldes Layda Sansores y Víctor Hugo Romo, de MORENA entregaran en semanas anteriores al Congreso CDMX una iniciativa de ley para la extinción de dominio a inmuebles que quebranten sellos de clausura.

El Presidente de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, Diego Garrido López, dijo que la propuesta hecha por los Alcaldes Layda Sansores y Víctor Hugo Romo, de MORENA para endurecer castigos penales y confiscar bienes por romper sellos de clausura, es exagerada.

“Es una acción inconstitucional y desde ahorita lo advertiremos, el GPPAN estará votando en contra de esta iniciativa; estaremos cuidando la propiedad privada porque no es la forma no es la manera de cómo se tiene que atacar el quebrantamiento de sellos”.

El diputado del PAN dijo que se deben buscar otro tipo de medidas sancionadoras, pero no una violación inconstitucional en contra de la propiedad privada, ya que si un vecino o alguien mal intencionado arranca los sellos de clausura de un inmueble, por cualquiera que haya sido la causa que se le impuso, esta propiedad pasará a manos del Gobierno.

Por su parte, la diputada Margarita Saldaña Hernández, Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos advirtió que la fracción del PAN en el Congreso local no dejará pasar este tipo de iniciativas y pugnará por evitar que esta legislación prospere.

Advirtió que como lo hizo para defender a la CDMX de una “intentona” del Gobierno sobre la polémica que generó el artículo 60 de la Ley Constitucional de los Derechos Humanos, estarán atentos a la discusión de esta propuesta para evitar que se apruebe en perjuicio de los ciudadanos.

“No permitiremos que iniciativas que pretendan acabar con la propiedad privada y pretendan confiscar los bienes de los ciudadanos, se puedan ejercen en nuestra Ciudad de México”.

Para el diputado Jorge Triana, de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentaria, hay una clara intención de criminalizar al ciudadano por un hecho, el cual debiera ser controlado y supervisado por la autoridad local.

Agregó que inhibe al desarrollo de la Ciudad en materia inmobiliaria, porque ningún empresario querrá invertir advirtiendo el riesgo de ser encarcelado por un supuesto delito por desgajamiento de sello difícil de comprobar en una obra.

“La responsabilidad de que no se violenten sellos y que no se pasen por alto la clausura recae en los Alcaldes y lo que quieren es aventar la responsabilidad a la Procuraduría para que cuadre un delito que es imposible de comprobar”, advirtió.