Fiscalización a un sistema buena fe para impulsar el desarrollo económico

Con la nueva Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, aprobada en el Senado de la República, se impulsarán políticas públicas y programas para el desarrollo económico a través de la creación de negocios para generar empleos.

También se otorgarán beneficios fiscales a personas físicas y morales cumplidas, con lo que se pondrá fin a las verificaciones de actividades comerciales para combatir la corrupción, al pasar de la fiscalización a un sistema fundado en la buena fe.

Así, se creará el Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana, con el propósito de captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta y administración de información concerniente a las personas beneficiarias de los programas que se instrumenten en el marco de la presente Ley. Formará parte del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios al que se refiere la Ley General de Mejora Regulatoria.

La iniciativa impulsada por el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto para crear la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, consta de 16 artículos divididos en cuatro Capítulos y seis disposiciones transitorias. Las comisiones unidas de Justicia, de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, elaboraron el dictamen respectivo.

En su argumentación se establece que tiene un enfoque humano, social y económico, ya que promueve la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y viceversa, pasando de la fiscalización a un sistema fundado en la buena fe, reconociendo a quienes invierten en el país, se comprometen con su desarrollo, cumplen con sus obligaciones regulatorias y fiscales a través de la recepción de beneficios y facilidades administrativas, con el fin de fomentar una cultura de la legalidad.

El referido Padrón se conformará con la información de las personas que se inscriban de manera voluntaria, lo que se entenderá como un acto de buena fe, con lo cual manifestarán estar en cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y fiscales, de acuerdo con la actividad económica que desempeñen.

También, las personas beneficiarias que sean denunciadas por incurrir en malas prácticas comerciales o por funcionamiento irregular y que resulten responsables ante las autoridades competentes, mediante resolución firme.

Asimismo, se suspenderá preventivamente la inscripción en el Padrón de aquellas personas que la autoridad competente requiera someter a visitas domiciliarias o a procedimientos de inspección o verificación a petición de dicha autoridad. Si al finalizar ese procedimiento se comprueba que las personas cumplen con las obligaciones objeto del procedimiento, se restituirá su inscripción en el Padrón.

Más aún, quienes resulten sancionados podrán ser incluidas de nueva cuenta en el Padrón por una sola ocasión, una vez que se regularicen en el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y fiscales que, en su caso hayan incumplido; causando baja definitiva de éste, en el caso de incurrir por segunda vez en cualquier causal.

“El esquema basado en la confianza en el sector privado impulsará la actividad económica, puesto que es un esquema de responsabilidad compartida con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, lo que repercutirá positivamente en el crecimiento económico ante el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y fiscales de las personas inscritas en el Padrón que realizan una actividad económica a cambio de la obtención de beneficios y facilidades administrativas”, se aseguró en la argumentación de la nueva ley.