Apoyan iniciativa de reforma al código penal

Todas las fuerzas políticas que conforman el Congreso de la Ciudad de México respaldan la iniciativa que envío Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno capitalina, con la que se reforman diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y se busca reforzar la política pública en materia de seguridad ciudadana, además de la prevención social del delito, reforzamiento de la presencia policial en las calles y ajustes en la normatividad en delitos de alto impacto.

El diputado Eduardo Santillán, dijo lo anterior en conferencia de prensa, en donde estuvieron presentes integrantes de las bancadas de los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolución Democrática (PRD), el legislador de Morena indicó que la iniciativa enviada el 8 de julio del presente año por el Ejecutivo local, tuvo una serie de modificaciones pero, se retomaron conceptos como el de la reincidencia, al cual se le agregó un agravamiento de las dos terceras partes cuando se trata de delitos graves o que merezcan prisión preventiva.

“Es un mensaje importante en el sentido, que entre los diversos factores que se dan para el fenómeno que conocemos como la llamada puerta giratoria, uno de ellos es el hecho de que la reincidencia sobre todo de estos delitos graves, de estos delitos de alto impacto hasta el momento en la Ciudad no lo teníamos contemplado como un agravamiento de la pena”, afirmó.

El también presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino señaló que se hizo un ajuste normativo a la figura del feminicidio, ya que se establece una hipótesis adicional a las fracciones Tercera, Cuarta, Quinta y Octava del Artículo 148 Bis y en caso de no comprobarse dicho delito, agregó, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al presentar el dictamen de reforma al Código Penal, Santillán Pérez enfatizó que se hizo una reestructuración del Artículo 224 donde se dan penas más altas por concepto de robo, a efecto de establecer una política diferenciada conforme a la propuesta de la Jefatura de Gobierno, por ejemplo el robo de autopartes y de automóvil, que pasan de 2 a 6 años la primera, mientras que la segunda sube de 4 a 8 años de prisión, independientemente del monto.

“Actualmente se contempla en una sola fracción estos y tienen la misma penalidad; nosotros consideramos que tiene que ver una diferenciación, por eso es que en la nueva Fracción Sexta del Artículo 224, se establece como agravante genérica, independientemente de la sanción establecida, del monto y en caso de que exista violencia es otra agravante. En la nueva fracción B de este Artículo se establece que se impondrá de 4 a 8 años de prisión cuando se trate de vehículo automotriz”, señaló.

El legislador Eduardo Santillán también explicó que otra actividad que ha lastimado mucho a los capitalinos es el robo de celulares, por lo que se contempla una penalidad de 2 a 6 años independientemente del costo del teléfono.

En este mismo apartado se establece la sustracción a cuentahabientes, debido a que no estaba considerado como robo agravado, por lo que en la nueva Fracción 10 del Artículo 224, se impondrá como pena adicional de 2 a 6 años de prisión cuando se cometa contra personas que lleven a cabo operaciones bancarias al interior de una institución de este tipo o retire, deposite o lleve títulos de crédito en cajeros automáticos, estando en este o inmediatamente a su salida.

“Algo importante es que se estará agravando con la misma penalidad, cuando participe un empleado bancario, de tal suerte que consideramos no solamente es el robo al cuentahabiente el que se tiene que agravar en contra del activo sino también de los empleados bancarios que brinden información para la comisión del delito”, precisó.

Con respecto a la Fracción 12, menciona sanciones cuando se utiliza una motocicleta para la realización de un delito.

Eduardo Santillán agregó que se establece un Artículo 224 Bis, que forma parte de la dictaminación de diversas iniciativas que se plantean, que considera una sanción mayor al robo a casa habitación, ya que actualmente la pena es de 2 a 6 años de prisión, por lo que pasa de 4 a 10 años de prisión.

Asimismo, en dos delitos se hace una precisión importante: extorsión y despojo. Con lo que corresponde a la extorsión, se aumenta la sanción de 5 años a 10 años de prisión “las penas aumentaran el doble cuando el delito se realice por servidor público, miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad ciudadana de cualquier orden de gobierno, así como una inhabilitación de 5 a 10 años”.

Además, para este mismo, se establece una agravante de 3 a 8 años de prisión cuando en la comisión de delitos intervenga una o más personas armadas o portando elementos peligrosos, se emplee violencia física o cualquier mecanismo o amenaza.

Con respecto al despojo contemplado en el Artículo 237 del Código Penal se hace una diferenciación del despojo simple que incluye una sanción de 2 a 5 años de prisión, adicional a esto se establece la figura de despojo agravado, dirigido a todos aquellos que actúan en grupos –tres o más –, para invadir predios, será de 3 a 6 años de prisión.

También aplicará, cuando se cometan en contra de personas mayores de 60 años, personas con discapacidad, cuando se simulen actos de autoridad, cuando se utilicen documentación falsa, cuando participe un servidor público y cuando se cometa en contra de un ascendiente.

Eduardo Santillán explicó que se analizó de forma detallada al apartado de reglas generales de lesiones y homicidios en el Artículo 138 Bis, que cuando la víctima sea algún integrante de alguna institución ciudadana en el ejercicio de sus funciones, la pena aumentará en una tercera parte.

“Es un mensaje importante en el sentido de dar elementos a los cuerpos de seguridad ciudadana a efecto de que se agrava una agresión u homicidio hacia cualquier persona debe de sancionarse. Consideramos que debe de sancionarse cuando la lesión o cuando el homicidio se da ante un agente de la corporación de seguridad ciudadana debe de contemplar una sanción”, subrayó.

Entre las modificaciones a la iniciativa al Código Penal que envío la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se consideró a la Ley de Cultura Cívica para incorporar en el Artículo 26 Fracción XI, “son infracciones contra la dignidad de las personas, vejar, intimidar o maltratar físicamente a un integrante de la seguridad ciudadana”.

Por lo que se creó una nueva clasificación E para que el agresor pase de 20 a 36 horas inmutables de trabajo a favor de la comunidad.

Destacó que a este dictamen, fueron agregadas las iniciativas de las bancadas del PAN y PRD, al ser coincidente con la de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Por último, añadió que el próximo lunes 29 de julio la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que él preside se reunirá para aprobar el dictamen final que se presentará el 31 del mismo mes, durante el periodo extraordinario.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes las diputadas Yuriri Ayala Zúñiga y Leticia Estrada de Morena, y los diputados Diego Orlando Garrido del PAN y Jorge Gaviño del PRD.